Cuando aún no llevaban ni tres semanas abiertos, tras un cierre de cuatro meses; de nuevo, una noticia relacionada con la gestión de la pandemia por el covid-19, en este caso emitida por las autoridades sanitarias, ha vuelto a convulsionar el sector de la atención a las personas mayores: los centros de día vuelven a cerrase por un período de cinco días, prorrogables en función de la evolución de la tasa de contagios de la población en el área sanitaria de A Coruña-Cee. La razón, que aparece recogida en el DOGA, se refiere al «principio de precaución, teniendo en cuenta las específicas medidas de protección de la población afectada dada su especial vulnerabilidad», siendo la población vulnerable las personas mayores y las personas con discapacidad.
Pues bien, aunque entendemos que rige el principio de precaución con respecto a la población vulnerable, es absurdo aplicarlo únicamente con esta medida que va dirigida a un sector muy castigado por el anterior cierre y que, además y curiosamente, no ha dado ni un caso positivo a lo largo de estas casi tres semanas desde que reabrieron. Y lo absurdo viene determinado porque parece que se considera a estos centros lugares de reunión peligrosos, cuando en realidad son centros sociosanitarios en donde se aplican cuidados y terapias conducentes a enlentecer el proceso de deterioro propio de las patologías crónicas o situaciones de base que afectan a esta tipología de pacientes/personas. Cerrar los centros de día es privar a sus usuarios/as de recibir medidas terapéuticas de intervención no farmacológica y, por tanto, condenarles a perder calidad de vida.
Para poder reabrir, después del cierre de cuatro meses, todos los centros de día que no se vieron obligados a cerrar permanentemente tuvieron que realizar una importante inversión económica para establecer las medidas de protección incorporadas a sus planes de acción frente al covid-19, que fueron aprobados por la propia Consellería de Sanidade y que, desde luego, los hacían mucho más seguros que otros espacios a los que sí les está permitido acudir a la población vulnerable (velatorios y entierros, lugares de culto, bodas, restaurantes, cafeterías…).
No se van a cerrar los hospitales, ni tampoco las residencias, por qué entonces se cierran los centros de día a los que acude la población de personas mayores o personas con discapacidad para recibir cuidados e intervención no farmacológica para enlentecer su proceso de deterioro y darles, por tanto, mayor calidad de vida. ¿No sería más coherente extremar, si cabe, las medidas de seguridad y facilitar la intervención terapéutica en aras de no condenarles a su deterioro irreversible como ha estado pasando durante el cierre anterior?
Creo que esta medida debería ser reconsiderada por las autoridades sanitarias; primero, centrándola más en aquellos centros que puedan dar casos sospechosos y/o positivos, como se está haciendo en otros sectores mucho menos relevantes en el ámbito de la salud; y segundo, supervisando la puesta en marcha de los planes de acción elaborados frente al covid-19 y que les hace ser, al menos, tan seguros como otras actividades en funcionamiento.
Por último, recordar que la protección de la población vulnerable ha de tener en cuenta los efectos del cierre, tanto en cuanto la salud de las personas usuarias como a los efectos colaterales sobre la sobrecarga familiar y, por supuesto, económicos sobre un sector que en estos momentos está pasando un momento muy delicado con el cierre definitivo de varios centros en nuestra comunidad autónoma.