Si Alberto Núñez Feijoo hubiera decidido aplazar las elecciones gallegas hasta que la pandemia estuviera completamente superada, la oposición le habría acusado de querer perpetuarse en el poder aprovechando una crisis sanitaria. Como ha decidido celebrarlas cuanto antes utilizando la que puede ser la única ventana de oportunidad en mucho tiempo antes de un rebrote casi inevitable, la oposición le acusa de aprovechar la pandemia para sacar rédito político poniendo en riesgo la salud de los gallegos. Va en el cargo y en el uso de la prerrogativa personalísima de fijar la fecha de los comicios la queja de la oposición y la acusación de manejar el calendario electoral en función de su interés. En esta ocasión, concurren sin embargo circunstancias que hacen especialmente inoportunas esas críticas. Condicionar la fecha de los comicios a que la pandemia esté totalmente superada provocaría la anormalidad democrática de que el mandato de Feijoo se extendiera más allá del plazo que fija la legislatura.
Todo este proceso viene viciado de origen, sin embargo, por la fórmula escogida para el aplazamiento de los comicios. Desde principios de marzo era obvio que no podrían celebrarse con garantías democráticas. La resistencia del Gobierno a decretar el estado de alarma retrasó una decisión inevitable que Feijoo ya estaba reclamando. Una vez aprobado, el Gobierno debió decretar la suspensión de las elecciones gallegas y vascas por la situación excepcional. Algo que habría evitado dudas jurídicas, dado que no hay legislación que permita a un presidente autonómico aplazar unos comicios ya convocados. Pero, temeroso de que el PNV le acusara de limitar el autogobierno, Sánchez dejó en manos de Urkullu el aplazamiento de las elecciones para que fuera el líder vasco quien tomara formalmente la decisión, a pesar de que era imposible que se hubieran celebrado. Feijoo siguió la tradición de actuar acompasado con el País Vasco, pero cometió el error, impropio de su experiencia, de ligar, de acuerdo con la oposición, la fecha de los comicios al fin del estado de alarma. Algo que dejaba el calendario electoral en manos de Sánchez y sus socios, que pueden aplazar sine die la medida excepcional si obtienen mayoría en el Congreso, lo que constituía un sinsentido, al privar a Feijoo de la facultad de decidir la fecha para llamar a las urnas.
Sánchez solo accedió a modificar el decreto del estado de alarma permitiendo celebrar elecciones durante su vigencia cuando se lo exigió Urkullu, cuyos votos necesitaba el Gobierno en el Congreso. Feijoo tuvo toda la razón al aplazar los comicios y la tiene también ahora al plantear que se celebren en julio. Pero quizá ha llegado la hora de que todo lo que ocurre en Galicia y en el resto de España no dependa del PNV y de sus seis diputados.