Desde que empezó la crisis por el COVID-19 no he encontrado una información que ponga en cuestión si lo que estamos viviendo en España es un estado de alarma o algo diferente.
El estado de alarma no permite la privación de derechos, y, por tanto, no puede suspender el derecho a la libertad y llevarnos a estar todos confinados en casa. Tampoco admite que el derecho a la salud distinga una prestación de cuidados en función de la edad del enfermo, o que se impida el derecho a trabajar.
Lo que debe garantizarse siempre, con o sin estado de alarma, es la protección de los trabajadores en su ejercicio profesional. ¿Dónde ha ido a parar la protección en el trabajo para todos los sanitarios (médicos, farmacéuticos, enfermeros, auxiliares, camilleros, conductores de ambulancias…), trabajadores de supermercados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, camioneros, y todos aquellos que ejercen actividades esenciales?
Y, ¿qué ocurre con el derecho a la dignidad, principio que sostiene todos los demás derechos fundamentales? Miles de personas están muriendo sin poder dar la mano a uno de sus familiares o amigos, mueren solas y alejadas del cariño de los suyos… ¿Dónde queda la dignidad del ser humano?, ¿dónde el dolor por la muerte de un ser querido?, ¿dónde queda el amor de amigos y familiares?
Todos los derechos fundamentales afectados en este estado de alarma exigirían, a juicio de muchos estudiosos de derecho, un estado de excepción, habida cuenta de las medidas acordadas por el Gobierno mediante los sucesivos reales decretos leyes.
El control del Gobierno y el normal funcionamiento de las cámaras legislativas (Congreso y Senado) no desaparecen en el estado de alarma. Pero el Congreso solo se reúne para convalidar unas normas esenciales y de un alcance extraordinario dictadas por el Gobierno, sin ninguna otra actividad.
Pero quizá lo más preocupante es la falta de información crítica por parte de los medios. La circunstancia actual avala la necesidad de una profunda explicación a los futuros periodistas sobre los derechos fundamentales y las situaciones excepcionales en las que se puede privar de ellos a los ciudadanos.
No conocemos el futuro. Lo que sí sabemos es que los periodistas, como transmisores de la información, deben formarse para luchar por la defensa de los derechos fundamentales en nuestra sociedad. Por el bien de todos.
Más allá de las muchísimas dudas jurídicas que plantea este estado de alarma, es importante resaltar una vez más que España, este país nuestro, demuestra ser capaz de lo mejor y de lo peor. Por todas y cada una de las miles de personas que han muerto por coronavirus en nuestros hospitales, residencias y casas surgen cinco, diez o veinte historias de generosidad, altruismo, abnegación, filantropía y magnanimidad desmedida, que ayudan a soportar el dolor y la desolación que estamos viviendo.