Cada vez que algún medio de comunicación me ha preguntado a lo largo de estos días si como constitucionalista me parecía necesario decretar el estado de excepción para enfrentarnos a la gravísima emergencia en la que nos encontramos he dado una respuesta negativa, pues entiendo que el de alarma es suficiente para dar cobertura a las medidas que el Gobierno ha ido decidiendo desde el día 13 del pasado mes de marzo. Pero he añadido, de inmediato, que este estado de alarma es, por varios y muy relevantes motivos, políticamente excepcional, si ustedes me permiten el juego de palabras.
Excepcional, en primer lugar, porque afecta a todo el territorio nacional. También porque, ya cuando se declaró por los quince días previstos en la Constitución, era previsible que su duración iba a ser mucho mayor, como efectivamente ocurrirá si el Congreso aprueba prorrogarlo una vez más. Y excepcional porque su efecto más sobresaliente -el confinamiento de millones de personas- no solo ha supuesto la suspensión de la libertad de circulación sino que ha afectado a otros derechos, que, de facto, han quedado restringidos como consecuencia inevitable de la reclusión en los hogares: la libertad personal, los derechos de reunión y manifestación, el derecho a trabajar o las libertades de comercio y empresa, está última objeto de restricciones, impuestas por la parte podemita del Gobierno, poco coherentes con una economía libre de mercado como la que proclama nuestra ley fundamental.
Por si todo ello fuera poco, el ejercicio de las potestades excepcionales que al Gobierno le concede este estado de alarma se produce en una situación en que, contra toda lógica, ha desaparecido prácticamente el control parlamentario de las Cortes Generales y en que el control judicial está de hecho muy atenuado.
Tal situación de poder excepcional debería haber llevado al Gobierno a la mesura y a la autocontención en su utilización de los medios públicos de comunicación, pero, lejos de ello, el presidente ha decidido que él, cuando le convenga, y sus ministros, en permanente rotación, nos adoctrinen a diario a través de una RTVE, que ha perdido ya cualquier sentido del pudor, sobre la fantástica gestión del poder ejecutivo, sus constantes logros en la lucha contra el virus y la innoble deslealtad de todos lo que no dicen amén a una política que ha colocado al nuestro como el país del mundo con el mayor número de infectados después de EE.UU. (cuya población multiplica por 7 a la de España), como el segundo en numero de fallecidos, tras Italia, y como el que tienen una mayor número de sanitarios contagiados. Y así, en esta ocasión, como casi nunca antes en nuestra reciente historia democrática, solo los medios de comunicación social no sometidos de un modo u otro al poder Ejecutivo ejercen hoy en España el control del Gobierno sin el que ninguna democracia sobrevive. Su difícil trabajo es esencial para la existencia de una opinión pública libre y plural que solo lo es cuando está bien informada.