Nadie piensa que decretar un confinamiento reforzado o ese «permiso retribuido y recuperable» sea una tarea fácil. Se trata, en definición de la ministra portavoz, de hibernar el sistema productivo y, por tanto, de paralizar gran parte del país. Eso requiere mucho estudio jurídico, mucho cálculo económico y un análisis sector por sector porque las consecuencias van a ser dramáticas, por mucho que esperemos una rápida recuperación cuando el virus desaparezca de nuestras vidas. Ahora bien: precisamente por su dificultad, lo menos que se puede pedir a los gobernantes es que lo anuncien cuando sepan exactamente lo que quieren y, si había varios proyectos como dicen, cuando los hubieran unificado.
No hacerlo llevó a las consecuencias iniciales que se han visto: defectos de comunicación que han provocado la protesta de las patronales por ese decreto y la norma anterior de limitar los despidos mientras dure la pandemia; retraso en la publicación y difusión del decreto -media hora antes de la hora límite para su entrada en vigor-, que provocó la desorientación de empresas y trabajadores afectados; un cierto caos legal que, felizmente, parece que no tuvo repercusión en la movilidad en la calle, y un aluvión de críticas políticas que produce la sensación de que se ha vuelto imposible la unidad que se reclamó desde el principio como arma eficaz contra la extensión de la enfermedad. De momento, el PP amenaza con no dar su apoyo en el debate parlamentario. «Esto no puede ser un trágala», dijo el señor Casado.
Como todo esto ocurrió durante el fin de semana, resulta inevitable sospechar que los gobernantes tratan de acumular decisiones durante esas fechas, quizá con la intención de dar imagen de hiperactividad. Es como si las soluciones, incluso sin rematar, fuesen impuestas por el marco fijo del calendario. Además, habría que pedirles a los portavoces, empezando por el propio presidente, que se dieran un curso rápido de comunicación. No se puede consumir más tiempo en supuestas explicaciones que el que ellos consumen para que al final el ciudadano tenga que replicar desde casa: «no es eso lo que te han preguntado». No se puede consumir más tiempo que el que ellos y ellas consumen en un discurso reiterativo, de palabras previamente aprendidas y rayanas en la propaganda para que sea difícil encontrar un titular que las resuma. Y no se puede comparecer después de un Consejo de Ministros dispuestos a provocar a los empresarios lanzándoles sospechas de aprovechados. Eso no es defender a los trabajadores. Es contribuir al rencor social. Menos mal que, a la vista de los desperfectos, Yolanda Díaz tuvo el detalle de pedir perdón.