La ley del silencio


E l silencio constituye la esencia de la intimidad de la persona en su vivienda. El ruido atenta contra la dignidad e intimidad del individuo, y hoy llega a ser un grave problema para la salud de muchos vecinos del centro y cascos históricos de las ciudades, que los expulsa de sus pisos, teniéndolos que malvender; y aquellos que no pueden abandonarlos deben sufrir una permanente servidumbre de contaminación acústica, que merma su esencial calidad de vida.

Es paradójico que el aumento del problema de las molestias por ruido ha ido parejo al desarrollo de su regulación legislativa al reconocer los tribunales que atenta a la esfera de los derechos de la persona en cuanto a la vulneración al derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, al medio ambiente sano y a la propiedad.

De nada nos sirve dotarnos de unas leyes muy correctas si las autoridades públicas no las aplican, bien por falta de interés, o mejor dicho por tener más interés en el desarrollo de la actividad económica del sector del ocio, bien por falta de medios para ejecutarlas debidamente con el objetivo de proteger al ciudadano.

Los ayuntamientos, principalmente, son los encargados de velar por la compatibilidad entre el derecho a una vivienda digna sin molestias por ruidos y el desarrollo de la actividad económica, teniendo claro que en el conflicto que pueda generarse entre ambos debe prevalecer el de los vecinos en sus hogares.

Los ciudadanos debemos agudizar más la conciencia de nuestros derechos en este sentido para exigírselos a nuestros políticos y funcionarios incansablemente hasta lograr ganar la batalla. Los tribunales vienen desarrollando una mayor sensibilidad social en la aplicación de estas leyes, que deberían ser hechas cumplir por los ayuntamientos sin tener que obligar al ciudadano a litigar contra ellos para tal fin.

Cierto es que los causantes directos de los daños del ocio público son antes que nada los empresarios de los locales, que se aprovechan de la laxitud de los municipios para ejercer su actividad de forma abusiva y fraudulenta. Pero no por ello son menos responsables las autoridades públicas cuando se convierten en cómplices con su pasividad en la dejación de sus obligaciones para aplicar las ordenanzas, y con ello evitar que se produzcan ruidos intolerables en las viviendas, haciendo «oídos sordos» a las quejas de los vecinos.

Los ciudadanos debemos exigir que nuestra sociedad evolucione para estar limpia de contaminación acústica, como se hizo durante el pasado siglo con los olores y materias insalubres, cuando las urbes estaban invadidas de fétidos efluvios por la falta de desagües públicos, debiendo canalizar y ordenar el ruido contaminante para que no degrade nuestro medio ambiente urbano. De no ser así acabarán pudriéndose en la ciénaga del ruido, expulsando a los vecinos por la degradación de su calidad de vida, su patrimonio y de la ciudad en su conjunto, que perderá su atractivo frente a aquellas otras que lo cuiden.

Por Ricardo Ayala Abogado, especialista en defensa contra el ruido

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