El embrollo de la liquidación del IVA a las comunidades: el mes perdido


El IVA es un tributo cuya recaudación está parcialmente cedida a las comunidades autónomas en su 50 %. Como es el Estado el que lo recauda en su totalidad, ha de liquidar la parte correspondiente a ellas, unos 35.000 millones de euros anuales, con un decalaje de dos años.

En el 2017 se reguló una modificación técnica en este impuesto para mejorar su control, modificación por la que a los mayores contribuyentes, además de obligarlos a informar de su operaciones rápidamente, se les ampliaba el plazo de ingreso del 20 al 30 del mes siguiente al que autoliquidan, lo que provoca que el mes de noviembre del 2017, que entraba en la caja del Estado en ese año, pase a hacerlo ya en el 2018, por lo que solo se imputan 11 meses a aquel y, a partir de entonces todos los años se vuelven a contabilizar con 12 meses (el IVA a las comunidades siempre era de diciembre a noviembre, excepto en el ejercicio que está en cuestión, que fue de diciembre del 2016 a octubre del 2017).

Después de esto, el anterior Gobierno, en el proyecto de ley de Presupuestos para el 2019 intentó volver a los plazos antiguos, de tal forma que, si se hubiera aprobado esa norma, la caja de ese ejercicio habría computado 13 meses de IVA, recuperando el famoso «mes perdido».

El caso es que, como todos sabemos, ese proyecto no fue aprobado, y la liquidación del 2017, que se hizo en el 2019, no incluyó más de 2.000 millones de aquel 2017, correspondientes al mes de noviembre de ese año, y ahora ese importe parece que tampoco se contempla en las entregas iniciales que acaba de anunciar el Ministerio de Hacienda para este 2020, por lo que surge la inquietud entre los responsables autonómicos.

Desde nuestro punto de vista, se trata de un problema técnico que puede estar creando un problema presupuestario a las comunidades de régimen común, además de un problema institucional. Esperamos que se pueda solucionar con la buena voluntad de las partes antes o a la vez que se aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica, que se está haciendo esperar demasiado.

Por Valentín Pich Presidente del Consejo General de Economistas de España

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