Sánchez se estrena con un borrón


La que parecía la decisión más sensata de todas las que ha tomado Pedro Sánchez a la hora de conformar su nuevo Gobierno, la de apartar del Ministerio de Justicia a Dolores Delgado, se ha convertido de pronto en la más disparatada. Proponer como fiscal general del Estado a alguien que acaba de estar a sus órdenes en el Consejo de Ministros es un innecesario gesto de desprecio a la separación de poderes. La elección corrobora el peculiar concepto del ministerio público de Sánchez, que hace muy poco tiempo presumía de que la Fiscalía, así, en general, «depende» del Ejecutivo. Pese a que la protesta de las asociaciones de fiscales le obligó a pedir disculpas, ahora demuestra que aquello no fue un lapsus y que en absoluto ha cambiado de opinión. Pero el nombramiento es aún más preocupante porque se hace con la clara intención de controlar políticamente la posición de la Fiscalía ante el alud de procesos judiciales y medidas penitenciarias que afectan al procés en un momento en el que la estabilidad del Gobierno depende de los independentistas de ERC, que exigen precisamente un cambio de posición del ministerio público. Tras el nombramiento de Delgado, el anunciado propósito de desjudicializar la política se antoja casi una broma, porque de lo que se trata es más bien de politizar la Justicia.

La trayectoria de Dolores Delgado tiene además connotaciones propias que desaconsejan por completo que asuma el cargo. De hecho, hace mucho que debería haber dimitido como ministra tras la difusión de una grabación que evidenciaba su relación con el corrupto ex comisario José Manuel Villarejo, que le confesaba haber creado una red de prostitución para chantajear a políticos y empresarios con «información vaginal», y en la que, lejos de cuestionarle, Delgado le auguraba «éxito seguro». En esa misma reunión, la entonces fiscala tachó despectivamente de «maricón» al juez Fernando Grande-Marlaska. Algo que casa mal con un Gobierno que presume de feminista y defensor de los derechos del colectivo LGTBI. No parece, además, que dejar la fiscalía en manos de una mujer a la que el nuevo vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pidió que abandonara la política porque «alguien que se mezcla con la basura de las cloacas debe alejarse de la función pública» sea la mejor garantía de coherencia en el Ejecutivo.

Y tampoco es de recibo que Sánchez admita que el catalán Salvador Illa es ministro de Sanidad como lo podría haber sido de Marina, porque su función principal en el Gobierno no será la de gestionar los asuntos de ese departamento, sobre los que carece de cualquier tipo de experiencia, sino tejer complicidades y servir de enlace con los independentistas catalanes para ganarse el apoyo de ERC a los Presupuestos. Este Gobierno es absolutamente legítimo. Discutirlo es un disparate. Pero el prestigio político deberá ganárselo cada día. Entre otras cosas, con el respeto a las instituciones. Y gestos como el nombramiento de Delgado no contribuyen precisamente a ello.

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