El 155 de Internet


Todos los padres conocemos el miedo de las primeras veces que nuestros hijos pasean solos por la calle. Sin embargo, estamos tranquilos cuando deambulan por Internet. En el ciberespacio poco les puede pasar, parecemos pensar, y ahí están, con un móvil o una tableta mientras nosotros hacemos otra cosa. El ciberacoso nos parece un fantasma lejano, mucho más que un secuestro en la plaza tal.

Nos engañamos. Internet puede llegar a ser muy peligroso, probablemente mucho más que las calles que nos rodean. Y los problemas que surgen en ese lejano ciberespacio acaban por tener repercusión directa sobre nuestra vida... como ya han aprendido los gobiernos. Por ello, el Estado español, alentado de modo directo por los conflictos en Cataluña, aprobó por decreto ley una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, publicada el 5 de noviembre (en plena campaña electoral) bajo el epígrafe: Medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones. Es el conocido como «155 digital». Este decreto ha sido recientemente refrendado en el Parlamento por una mayoría formada por PSOE, Ciudadanos y PP, con la abstención de Podemos. Una curiosa alianza, si pensamos en las negociaciones para formar Gobierno.

¿Qué dicen estas medidas? La fundamental apunta a que el ministerio podrá ordenar, «mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora [es decir, cierre de páginas web, aplicaciones informáticas...] cuando existan razones de imperiosa urgencia» basadas en cinco supuestos: amenaza inmediata y grave para el orden público […]; amenaza inmediata y grave para la salud pública; cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias; cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas; cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico.

Resumiendo, si el ministerio cree que una aplicación informática puede crear problemas para la seguridad nacional puede actuar con extrema diligencia: primero la cierra y después pasamos la denuncia al sistema judicial ordinario. Y lo mismo si una página web crea graves problemas económicos a otros proveedores... Espera, ¿estamos hablando de seguridad nacional o de páginas de descargas?

Nos quedamos con la duda de cómo se va a utilizar esta modificación legal. Tenemos la convicción de que en ciertos casos puede ser necesaria, pero también la preocupación de que quien nos gobierna realice abusos en su nombre. De todos modos, podemos estar tranquilos porque nuestros políticos llevan años demostrando que podemos confiar ciegamente en ellos, que nunca van a traicionar nuestra confianza... ¿O sí?

Por Luis Hervella Decano de la Facultad de Informática de A Coruña

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