Andalucía tiene motivos para llevarse las manos a la cabeza. La comunidad española con mayores niveles de paro vio como durante años una trama organizada formada por consejeros, directores generales, técnicos de la Administración y empresarios cómplices se lucraban con cientos de millones de euros que deberían ir destinados a cubrir la sangría del desempleo y que, en realidad, acababan en gastos en cocaína, putas y mariscadas. Una romería de farras particulares injustificables. Y más cuando España se desangraba en la peor de las crisis de la última década.
Lo de las farras no es una exageración. Es una de las conclusiones de las más de 1.800 páginas en las que se resume la primera de las 147 causas relacionadas con la malversación de fondos en la Junta de Andalucía durante los últimos veinte años.
La estructura de poder comandada primero por Manuel Chaves, que llegó a ser vicepresidente del Gobierno y presidente del PSOE, y luego por José Antonio Griñán, ministro y presidente socialista también, como su antecesor en la Junta, jamás hizo nada por investigar las decenas de denuncias que se amontonaban sobre el particular.
El relato de los hechos acumula un sinfín de irregularidades que por sí solas deberían bastar para que se exigieran consecuencias políticas: sueldos astronómicos para personas que ni siquiera iban a trabajar, subvenciones millonarias a chiringuitos de amigos, una administración paralela dedicada a la compra de favores... Andalucía necesita mucha luz para acabar con los desmanes.
Lo más sangrante es que Andalucía, la comunidad con más paro de España, vio durante años despilfarrar recursos en farras particulares