Chile es un gran desconocido, también su régimen político. Para los gallegos, exceptuando a Blanco Amor y los del mundo de la pesca y el mejillón, queda lejos. Por más que la isla de Chiloé fuera conocida como Nueva Galicia. La derrota en el referendo de 1988 del dictador Pinochet, si bien dio fin a una dictadura cruel, dejó secuelas en el ordenamiento jurídico y en la sociedad.
Recordando la Argentina posterior al Proceso de los militares, apenas llegado en 1984 Raúl Alfonsín al poder, encontrarse en el Chile de los años 90 sorprendía. Sin embargo, vivencias y conocimientos más demorados y ampliados, aunque mostraban a Chile como uno de los países mejor organizados y de mayor crecimiento de América Latina, revelaban un profundo desequilibrio social. Los índices analíticos de pobreza y desigualdad superaban entonces a los de la India, y la constitución heredada de Pinochet consagraba los principios neoliberales de la escuela de Chicago asumidos por el régimen dictatorial. Constitución que, aprobada en 1980, empezó a regir con el primer gobierno democrático en 1990, y sigue vigente. Sin embargo, un día antes del cambio de régimen se promulgaron las «leyes de amarre», una decena de leyes orgánicas constitucionales que requerirían de un cuórum de tres quintos o dos tercios. Lo que dificultó cambios relativos a los servicios propios de un estado del bienestar, desde la enseñanza a la sanidad, así como las pensiones.
Fue necesario que ocurrieran los sucesos de este octubre del 2019, veinte muertos y muchos cientos de heridos, en una oleada de violencias y protestas clamorosas, para que los desequilibrios sociales y la precariedad asentadas en la sociedad chilena llegasen a la acción política. Si los sucesos estudiantiles del 2011 fueron un primer aviso del descontento social, no se respondió a ellos con medidas políticas y económicas que corrigieran los problemas denunciados. Tuvo que llegar octubre, la declaración del estado de emergencia, con el ejército tomando la calle nuevamente, para que la derecha que se había negado hasta ahora mismo a cualquier cambio político y económico, protegidos como estaban sus principios e intereses por las políticas neoliberales consagradas en la constitución, accediera al fin a declarar caducada la constitución de Pinochet. En el segundo mandato del presidente Piñera y luego de graves conflictos sociales se deja ver en Chile un horizonte de transformación, negado hasta ahora por las derechas.
La Constitución española de 1978 puede ser reivindicada desde sus principios sociales por las fuerzas políticas progresistas para que se cumpla. Sin embargo, políticas proclamadas y desarrolladas por partidos políticos y gobiernos, y no solo del Estado sino también autonómicos, defendiendo e introduciendo criterios neoliberales de privatización en la gestión de lo público, sí que permiten reflexionar, al hilo de la exageración neoliberal de la constitución chilena y sus problemas, dónde se podrían encontrar algunas políticas que generan la desigualdad y el malestar social.