En condiciones políticas normales (las de España entre 1982 y 2015) este artículo se titularía «Compás de espera», pues ese es el que domina la situación de un país el día que vota en elecciones generales. Desde que se abren los colegios, a las 9 de la mañana, hasta que se cierran, a las 8 de la tarde, nadie sabe lo que saldrá de las urnas, por más encuestas que se hayan hecho para tratar de adelantarlo.
Sin embargo, el compás de espera es hoy, 10 de noviembre, muy distinto al de todas las anteriores generales que celebraron en nuestro país desde que en 1977 recuperamos la libertad para votar. Se trata en realidad, por seguir con la terminología musical, de un compás de 4/4, denominado, hasta mediados del siglo XX, compás de compasillo.
De cuatro por cuatro, en efecto, porque lo que dominará hoy la votación, el escrutinio posterior e incluso el análisis de la distribución de votos y de escaños será la aprensión de que la cuarta elección general que España celebra en cuatro años (un récord difícil de superar incluso por Italia, campeona de la inestabilidad) no sirva al fin para resolver el desafío al que hoy nos enfrentamos: que las elecciones, además de producir representación (lo que sucede en todo caso), produzcan gobierno, pues, si esto último no ocurre, los comicios generales en los sistemas parlamentarios como el nuestro solo sirven para abrir el período político que dará lugar a los siguientes.
Si fuera el caso, que ojalá no lo sea, deberían abrirse en España dos debates con el rigor que exigiría la gravísima situación en la que estaríamos entonces. El primero debería referirse a si es necesario ajustar las reglas de juego reformando el sistema electoral, no con la finalidad de hacerlo más proporcional, sino de hacerlo menos (pues la proporcionalidad que exige la Constitución para la elección del Congreso es, como casi todo, graduable) con el objetivo de que los electores podamos elegir no solo a quien va a representarnos sino también para dejar una clara indicación sobre quién debe gobernarnos.
El segundo debate, no menos relevante, aunque más difícil aún de abrir que el anterior, no se refiere a las reglas sino a las personas que las manejan, es decir, a los líderes de los principales partidos nacionales de quienes depende la responsabilidad de convertir el resultado de las urnas en un gobierno que gestione con sentido de Estado los intereses generales del país. A los políticos, como a cualquier otro profesional, se le paga para que haga su trabajo. Si después de cuatro años de fracasos formidables, que han puesto al país al pie de los caballos, nuestros principales líderes nacionales no fueran capaces de realizar la tarea que, con todas las dificultades que sean del caso, le han encargado los electores ¡por cuarta vez en cuatro años! lo que exige la decencia es dejar paso a otras dirigentes que puedan llevar a buen puerto la nave que ellos han embarrancado una y otra vez.