Veinte millones de euros más para Erasmus en el 2020. La Eurocámara aprobó hace apenas una semana ampliar la partida presupuestaria del rey de los programas europeos, que ha conseguido formar a generaciones de jóvenes euroentusiastas a los que la experiencia educativa de entre 3 y 12 meses en el extranjero les ha cambiado la vida. A algunos literalmente. Y es que la Comisión Europea estima que más de un millón de niños han nacido fruto de los romances forjados al calor de las aulas. Desde que echó a rodar en el año 1987, son más de 4,4 millones de europeos los que han disfrutado de esta experiencia que, sobre cualquier cálculo educativo o laboral, es vital para desarrollar la autonomía, la autoestima, la apertura de miras y la tolerancia entre los jóvenes.
Nadie puede negar sus beneficios. Sin querer romper la magia en la que se suele envolver Erasmus, habría que poner la lupa sobre su alcance y gestión.
Los cheques para cubrir los gastos en la universidad de acogida son claramente insuficientes para sufragar los que supone vivir en países de la categoría uno, como los nórdicos o Reino Unido. Incluso para la categoría dos. Un estudiante aceptado en una universidad de París o Ámsterdam recibirá al mes prácticamente lo mismo que el que vaya a La Valetta o Tesalónica (hasta 370 euros). Tampoco se tiene en cuenta el nivel de renta. Un estudiante de familia acomodada recibirá la misma cuantía que un joven de bajos ingresos. Es la principal crítica que lanzó el año pasado el Tribunal de Cuentas Europeo: «Algunos estudiantes e instituciones declararon que las subvenciones de Erasmus + no son suficientes para cubrir los costes y que se necesita financiación adicional procedente de los ahorros del propio estudiante o de sus padres. Esto puede desalentar la participación de los estudiantes desfavorecidos». Esa es la cuestión. Que el programa está mal diseñado y orientado a quien se lo puede pagar. El dinero del contribuyente europeo, también el del que invierte esfuerzos ingentes para pagar sus impuestos, acaba sufragando la estadía en el exterior de quienes se la podrían permitir sin necesidad de recurrir a estas ayudas.
No terminan ahí las incoherencias. Los estudiantes tienen que emprender una romería por innumerables administraciones para complementar la beca. Entre ellas, las autonómicas. Y ahí llegan las comparaciones odiosas. Que si los andaluces y valencianos tienen becas más abultadas, que si los catalanes apenas disponen de dinero y se lo ingresan con meses de retraso... Un laberinto de trámites y malabares para que al final haya que recurrir a la fuente de todos los préstamos: los padres. «Vivir de las becas es imposible. Es un privilegio enorme. Yo necesité trabajar meses antes para poder pagar los primeros meses. En todo caso, fui extremadamente afortunada, conté con el apoyo de mi familia», me reconocía una compañera antes de dejarme planchada con un categórico: «El Erasmus son los padres». Con este planteamiento, Bruselas le está exigiendo más esfuerzos a los jóvenes de familias humildes que a sus compañeros pudientes. El esquema se repite con la populista propuesta lanzada en el 2018 del Interrail gratis para jóvenes de 18 años. Nunca pondría en duda los beneficios de explorar la diversidad de Europa, pero no aplaudo la iniciativa. La UE se ha puesto una venda en los ojos y ha lanzado billetes al aire sin preocuparse por las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. Los seleccionados, «embajadores de Europa», tienen que correr con los gastos de alojamiento, comida y visitas culturales. ¿Qué familia obrera con problemas para llegar a fin de mes se puede permitir que sus hijos viajen durante un mes por los fiordos noruegos? Vale la pena estudiar y enmendar el programa antes de aprobar los 100 millones de euros presupuestados para el período 2021-2027. Porque cada euro que salga de esa hucha debería servir para generar oportunidades, no perpetuar privilegios.
