Cuando uno cree haber rebasado ya todos los límites posibles de estupefacción ante la locura que se ha instalado en las instituciones de Cataluña, el independentismo siempre es capaz de sorprendernos e ir un paso más allá. Se cumplen hoy dos años desde que el Gobierno de la Generalitat consumara la infamia de organizar un referendo ilegal de secesión violando todas las leyes y desobedeciendo todos los pronunciamientos en contra de los tribunales de justicia. Parecía imposible llegar más allá en el desprecio a la democracia. Pero lo sucedido desde entonces ha agravado la responsabilidad de quienes han llevado a la sociedad catalana a una peligrosísima situación de enfrentamiento civil hasta hace poco impensable en Europa, que amenaza con generar consecuencias dramáticas si no se pone fin a tiempo a esta continua vesania.
Hasta ahora habíamos visto cómo la letal combinación de fanatismo e incompetencia de los líderes secesionistas era capaz de sumir en el desprestigio económico a uno de los territorios más prósperos de Europa y de hacer que miles de empresas huyesen despavoridas de Cataluña. Hemos contemplado cómo el Parlamento catalán se convierte en un circo en el que el secesionismo representa cada día performances ultranacionalistas, pisotea los derechos de la oposición y acalla sin miramientos a cualquier voz discrepante. Se ha humillado a todos los catalanes poniendo el Gobierno de la Generalitat al servicio de un chiflado prófugo de la justicia que se pasea por Europa asegurando, como un Napoleón loco, que es el genuino presidente de una inexistente república catalana. Y hemos comprobado por fin cómo los espacios públicos son ocupados con impunidad para exhibir simbología en defensa de quienes han perpetrado un intento de golpe de Estado y para celebrar coreografías y ceremonias de exaltación nacionalista cada vez más fanáticas, llegando al culmen de rendir homenaje a un bolardo callejero «caído por la república».
Pero, siendo todo esto un esperpento, el independentismo, con el presidente de la Generalitat a la cabeza, acaba de cruzar una raya ante la que ya no es posible que ningún demócrata permanezca impasible. Primero fue el apoyo explícito a quienes están acusados de un presunto delito de terrorismo. Y después, la negativa a condenar los actos de violencia que pretendían cometer. Una negativa que, según sabemos ahora, se debe a que, según el juez, el propio expresidente catalán huido de la justicia y su títere Joaquim Torra actuaban presuntamente en connivencia con los detenidos.
Que una buena parte de la sociedad catalana respalde y aplauda semejantes aberraciones solo puede explicarse tras décadas de manipulación y adoctrinamiento político, mediático y educativo desde el poder. Pero, llegados a este punto, cualquier político, intelectual o persona con relevancia social, nacionalista o no, que no denuncie y condene el atropello a la democracia que se está perpetrando será corresponsable de lo que pueda ocurrir en el futuro. Es hora ya de frenar esta locura. ¿Quo vadis, Cataluña?