El triple crimen de Valga, penúltimo de una carnicería iniciada en la noche de los tiempos, tributario de un comportamiento animal que, sobre la base de cosificar a la mujer, termina por convertirla en sujeto pasivo de frustraciones y demencias varias por parte de personas débiles incapaces de asumir el concepto de respeto con todas sus consecuencias y en todas sus acepciones.
Los códigos penales modernos están diseñados para castigar y para proteger a la sociedad y al propio autor frente al peligro de futuros delitos, sobre la base de su pretendida resocialización y mediante el posible uso de medidas de seguridad; sin embargo, tal y como comprobamos con excesiva frecuencia, se muestran poco eficaces a la hora de mitigar la violencia de género.
En casos como el de Valga, en el que no preexistían indicios fundados de peligrosidad, resulta imposible pretender la aplicación de medida preventiva alguna. El Derecho Penal, hasta la fecha, jamás se ha adentrado en la sanción del precrimen, algo que por el momento solo ha sido tratado en películas como Minority Report, en la que Spielberg fabulaba sobre una unidad policial destinada a detectar y evitar crímenes que aún ni siquiera habían sido concebidos. La única prevención posible es la educación.
Sin embargo, hay otros muchos casos en los que el Derecho Penal sí que tendría que configurar medidas que adelanten las barreras de protección: no es asumible que la mayor parte de la violencia de género venga precedida de indicios claros y que, en aras del principio de intervención mínima propio del ius puniendi del Estado, no existan mecanismos realmente eficaces. Habría que estudiar con prudencia y sosiego, pero con cierta premura, la posibilidad de mecanismos penales que, en materia de violencia de género, supusiesen la posibilidad de adelantar novedosas medidas de seguridad en aquellos casos en los que, pese a las diferentes versiones de cada parte, es evidente que hay cierto grado de potencialidad criminógena; no conviene ser alarmista, pero la estadística está ahí. Pongamos un ejemplo: las modernas técnicas de geoposicionamiento permiten que disponiendo de una simple pulserita que se pondrá en un lugar discreto exista una vigilancia preventiva.
Cualquier actuación al respecto debe ser extremadamente cuidadosa para evitar estigmatizar a una persona sobre la base de indicios y tendría que venir acompañada de medidas más eficaces en materia de suspensión temporal de derechos parentales hasta que se dilucide el riesgo, algo a evaluar con mucha mesura, puesto que los derechos del progenitor lo son igualmente del hijo y debe procurarse que fluyan adecuadamente.
Todo lo que pueda hacer la normativa penal siempre será lamentablemente insuficiente por la propia esencia de este tipo de delitos cometidos dentro del núcleo familiar, por lo que si se quiere verdaderamente poner freno a esta lacra, que no es exclusiva de nuestro país, hay que implementar un plan estatal educativo, algo que ya va siendo urgente a la vista de ciertos estudios sobre tendencias en parte de la actual población joven.
Todo ello, cuesta dinero, mucho dinero. Y ya sabemos que, por desgracia, no son buenos tiempos para la lírica presupuestaria.