El miércoles 31 de julio tuvo lugar el pleno extraordinario del Parlamento de Galicia que contemplaba en su orden del día el debate y aprobación, en su caso, del proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia. Tuve la oportunidad de asistir a esta sesión parlamentaria, acompañando a los representantes de algunas de las más activas entidades ecologistas de Galicia, siguiendo desde la tribuna de invitados todo lo que allí aconteció. Como ya es sabido, el citado proyecto fue aprobado con los votos de los diputados presentes del Partido Popular.
Pese al desencuentro de los grupos de la oposición con el partido gobernante, promotor del nuevo texto legislativo, viví personalmente esta jornada como un acontecimiento histórico, consciente de la vital importancia de esta norma dirigida a la «conservación, al uso sostenible, a la mejora y restauración del patrimonio natural, de la biodiversidad y de la geodiversidad» de Galicia. Desgraciadamente, no fue la sesión pacífica y festiva que yo utópicamente soñaba, las divergencias acerca de su contenido impidieron un consenso político que no pudo lograrse a lo largo de su tramitación parlamentaria.
La nueva ley viene a sustituir a la Ley de Conservación de la Naturaleza de 2001, tras casi dos décadas de profundas reformas operadas en esta materia en el ámbito de la Unión Europea y en la normativa básica del Estado. Era oportuno -y urgente- renovar la normativa de protección de la biodiversidad en Galicia, máxime cuando todos los estudios científicos ponen de manifiesto la galopante pérdida de biodiversidad en el Planeta (Informe del IPBES de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, 2019).
He seguido de cerca la tramitación del proyecto de ley recién aprobado. Han sido varios centenares de alegaciones formuladas en el trámite de información pública y, luego, un parecido número de enmiendas presentadas por los grupos políticos en la tramitación parlamentaria. Los grupos ecologistas han criticado el proyecto en varios aspectos: la insuficiente regulación y débil apoyo de la custodia del territorio, la falta de fondos de financiación para la conservación y restauración, la desproporcionada exigencia de superficie mínima para la declaración de los parques, la inutilidad de las previstas «microrreservas», la ausencia de un catálogo gallego de especies exóticas invasoras, etcétera. Nosotros podríamos añadir otras objeciones, como la que envié en la fase de información pública, relativa a las escasas referencias del proyecto a la biodiversidad marina gallega, seña inseparable de nuestra identidad.
Podríamos discutir largamente sobre lo que debería haberse incluido o no en la ley y, sin duda, como cualquier obra humana, el resultado final es ciertamente mejorable. Pero, al mismo tiempo, tengo la personal convicción de que el texto aprobado por el grupo mayoritario del Parlamento de Galicia contiene los elementos jurídicos esenciales para la cabal protección de nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad. Y que la clave fundamental de su eficacia -como subrayaron en el debate parlamentario alguno de los representantes de la oposición- estriba en su cumplimiento, en la voluntad política de su completa y rigurosa aplicación. Una responsabilidad que recae no solo sobre los poderes públicos (aunque estos tengan un particular protagonismo por tener los medios y el personal especializados), sino sobre todos los ciudadanos, con la inestimable ayuda de los grupos que velan desinteresadamente por la conservación de nuestro patrimonio natural.
Ahora, más que nunca, estamos todos convocados a velar por la defensa de la preciosa biodiversidad que nos rodea, a evitar su degradación y para exigir, con energía y resolución, el cumplimiento de las normas que lo protegen.