Es un hecho incuestionable que la ingestión de alcohol, por poco que sea, limita la capacidad al volante de cualquier persona. A mayor consumo, mayor riesgo. Si además le sumamos que el kamikaze de turno se ha metido todo tipo de drogas, el resultado puede ser catastrófico. Resulta alarmante que más de 5.000 personas están en las cárceles españolas por delitos contra la seguridad vial. Hace años, cuando paraban a un conductor para hacerle un control de alcoholemia, si daba positivo era porque se había pasado con el Rioja o el gin-tonic. Hoy ya no es así. Un porcentaje importante de los controles que han dado positivo también lo dan por cocaína, hachís o demás estupefacientes. El Estado debe velar por la seguridad de los conductores suicidas, pero todavía más por aquellos que viajan plácidamente y se encuentran con un loco colocado hasta las cejas que pone en riesgo o termina con sus biografías. Por ello considero que, sobre todo en caso de reincidentes, es conveniente para la sociedad que aquellos que juegan con la vida de los demás, en caso de que la hagan la paguen. Por lo menos mientras purguen sus penas se podrá circular con algo más de tranquilidad por nuestras carreteras. La ley es lo que dice y ya sabemos que «la ley es dura, pero es la ley».