No tiene explicación ni sentido que, habiéndose celebrado las elecciones el 28 de abril, la señora Batet no haya convocado la sesión de investidura. Y el hecho de que los poderes locales, elegidos un mes después, ya se hayan renovado, en este caso por obligación legal, pone de manifiesto una grave anomalía democrática, que pisotea la autonomía del Congreso y hace bailar a los diputados al son que toca -¡nunca mejor dicho!- el txistu de la Moncloa.
Que la ley no determine un plazo la investidura no significa que la actividad del Congreso pase a depender de las estrategias de la Moncloa. Y por eso cabe concluir que, al dejar que Sánchez utilice los tiempos para trasladar a los perdedores la presión negociadora que es propia del ganador, Meritxell Batet, a quien corresponde fijar la sesión de investidura, se hace responsable de una grave injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, que resulta clamorosa cuando la propuesta del Rey -que también retrasó las consultas para adaptarse al batiburrillo que benefició a Sánchez- se hizo pública el 6 de junio.
El origen de este tipo de manipulaciones, que en la cultura política de la Transición jamás se producía, se remonta a las elecciones de 1996, cuando el Rey retrasó las consultas -desde el 27 de marzo, fecha de constitución de la Cortes, hasta el 30 de abril- para que el PP tuviese tiempo de borrar los efectos de aquel «¡Pujol, enano, habla castellano!», que se había cantado el 3 de marzo. Salvo Pujol y yo, por razones diferentes, nadie advirtió que aquel retraso estratégico era una injerencia sustantiva en la política, que evitó -porque González no quiso romper con la idea de que el ganador debe formar Gobierno- que la legislatura 1996-2000 tuviese un gobierno de coalición entre convergentes y socialistas. Pero el mal ya estaba hecho, al haberse sentado el precedente de que las consultas del Rey, en vez de abrir el proceso de investidura y marcar el calendario institucional de los partidos, funcionaba exactamente al revés, obligando al Rey y al Congreso a gestionar las consultas y la investidura a la medida y conveniencia de una determinada opción.
El escenario de hoy no tiene nada que ver con las elecciones de 2015, en las que, aunque el Rey hizo las consultas a su debido tiempo, no consiguió cerrar una propuesta viable de investidura, y en las que Rajoy, que renunció a su candidatura por falta de apoyos y bloqueo de pactos, no pudo ni quiso controlar la postulación, finalmente fallida, de Sánchez. Pero tiene algo que ver con las elecciones de 2016, cuando un pequeño retraso en las consultas y la investidura ya favorecieron la abstención del PSOE.
La conclusión es, en pocas palabras, que puede haber algo de flexibilidad en las consultas y la investidura cuando la voluntad de pactar es evidente. Pero que en modo alguno se puede manipular la acción del Congreso para que Sánchez luzca como ganador, con vistas a las nuevas elecciones, en vez de poner en claro que los ciudadanos no le hicieron presidente.