En el 2014, cuando cinco diputados obtenidos por Podemos en las elecciones europeas llevaron a muchos analistas a anunciar el fin del bipartidismo, la caducidad de la Transición, y las bondades de un barullo populista que iba a dinamizar y limpiar la política, hubo tres o cuatro politólogos, entre los que me encuentro, que empezamos a alarmarnos por la ruptura del orden sistémico, por la crisis de gobernabilidad, o por la contradicción que suponía liquidar con tanta alegría aquella Transición que había iniciado el período más brillante, exitoso y progresista de los últimos siglos.
En mi caso concreto, nunca me alarmé por la hipótesis de que gobernase la izquierda o la derecha, ni por la más pedestre consideración de que ganasen los míos o los otros. Mi única preocupación era -y sigue siendo- que la quiebra cultural del sistema de la Transición, que auguraba una posterior quiebra jurídica impulsada por anunciados y poco meditados cambios constitucionales, acabase bloqueando la gobernación de España. Y por eso tuve que soportar que mi clara apuesta por una concepción rigurosamente sistémica de la democracia fuese interpretada como un recurso enrevesado para defender a los míos contra viento y marea; o para cuestionar el alumbramiento de otros sistemas que pudiesen mejorar el funcionamiento efectivo de nuestra democracia.
Pero hoy ya están confirmados todos mis temores, que alimentan, también, algunos funestos pronósticos. Porque el desorden sistémico ya se ha instalado entre nosotros, que contemplamos estupefactos como, después de concentrar tres elecciones generales, dos locales y varias autonómicas en solo cuatro años, Sánchez, el último ganador, tampoco puede gobernar; o que tendrá que hacerlo mediante coaliciones inestables y confusas; o que miles de ayuntamientos -entre ellos los importantes- son ingobernables, o dependen de coaliciones oportunistas y disparatadas; o que casi toda España se gobierna con presupuestos prorrogados; o que nadie sabe cuándo se va a celebrar la próxima investidura ni con qué criterios institucionales se retrasan y manipulan las sesiones correspondientes; o que todos los partidos susceptibles de coaligarse centran su actividad en perfilar chantajes y amenazas, y en pronosticar, también desde el Gobierno, nuevas elecciones y nuevas incertidumbres.
Los ciudadanos también sabemos -aunque aún no operemos con ese dato- que el multipartidismo, el asamblearismo, el populismo, los liderazgos personalistas y el Twitter no eran la solución. Y por eso conviene que empecemos a alarmarnos ante este bloqueo, incesante y empobrecedor, que nos llena de discursos y actitudes infantiles y disparatadas, y que amenaza con meternos en la peligrosa pendiente del desgobierno absoluto.
No faltará quien diga que todo lo que sale de las urnas es democracia y hay que acatarlo. Pero yo insistiré en que el barullo democrático -que no conduce a la obligación de gobernar, y al derecho de ser gobernados- es un riesgo que no nos podemos permitir.