Los juristas esperábamos con cierta ansiedad el fallo que acaba de ser dictado por el Tribunal Supremo por el cual se eleva de 9 a 15 años de prisión la condena contra los cinco integrantes de la Manada. No podía resultar de otra manera, al ser más que evidente que los hechos ocurridos en los sanfermines del 2016 son considerados como una agresión sexual con intimidación, es decir, una violación, y no un abuso sexual con prevalimiento como hicieron dos tribunales anteriores. En su momento fuimos muchos los juristas sorprendidos de que se pudiera pasar por alto el sufrimiento experimentado por la violada y se llegara a afirmar que de los vídeos se podía deducir cierto placer por su parte. Esta sentencia del Supremo viene a poner las cosas en su sitio, a la par que a crear jurisprudencia para que de una vez por todas quede meridianamente claro que cuando cinco individuos abusan de una chica, esté o no en pleno dominio de sus facultades, siempre hay que tipificar esta situación como violación. Cualquier otra forma de denominar a este delito sería una afrenta imperdonable a los derechos de las mujeres. Con esta resolución la Justicia española está de enhorabuena, porque ha llamado a las cosas por su nombre y ha enviado a prisión a los miembros de la Manada por el tiempo que el Código Penal estime oportuno.