Hace algunas décadas, prácticamente no se hablaba del colectivo okupa en España. Sin embargo, una de las consecuencias de la reciente crisis económica es la eclosión del movimiento okupa. Por un lado, el elevado desempleo, la precariedad del empleo existente y la falta de financiación, y, por otro, los elevados precios de la vivienda, imposibilitaron el acceso a la vivienda para mucha población. El mercado inmobiliario se paralizó, las ventas se desplomaron. Paralelamente, explotó el fenómeno de los desahucios, con lo cual miles de familias perdieron su vivienda. Si tenemos en cuenta que el mercado de alquiler de viviendas era pequeño y rígido, muchas personas se reagruparon en torno a familia y amigos, otras emigraron o volvieron a sus países de origen, y un gran número optó por la okupación, porque viviendas vacías sí que había, y muchas. Según el INE, más de 3,5 millones en el 2011. Y la okupación explotó, a pesar de implicar el delito de usurpación. Por desgracia para los propietarios que sufrían este delito, la justicia era y es lenta, y las condenas y penas para los okupas son mínimas.
En este entorno, el colectivo okupa se multiplicó y se diversificó rápidamente. Surgieron grupos organizados movidos por la necesidad, la justicia social, la lucha contra el sistema o el puro beneficio económico. Se crearon plataformas de ayuda, tutoriales en redes sobre «cómo» okupar, surgieron muchas mafias locales, oportunistas, etcétera. El fenómeno está más generalizado de lo que parece. Muchas veces el propietario no denuncia, prefiere negociar para ahorrarse los 30.000 euros que le puede costar la desokupación.
Sabemos que la mayoría de los okupas no son conflictivos. Los narcopisos, los incendios, las reyertas y las muertes se llevan los titulares, pero la mayoría de los okupas prefieren pasar desapercibidos. Hay casos en los que incluso pagan la comunidad y sus vecinos desconocen su situación real. Recientemente Caritas ha cifrado en más de 8,5 millones de españoles los que están en riesgo de exclusión social, la mitad sin trabajo estable y riesgo de perder su vivienda. Hoy en día, la mayoría de lanzamientos judiciales son por impago del alquiler. Si consideramos a los inquilinos que dejan de pagar como potenciales okupas, y sabiendo que los precios de venta y alquiler siguen subiendo, no hay duda de que el fenómeno seguirá en auge.