Dentro de pocos días, casi 300.000 alumnos habrán terminado sus pruebas de acceso a la universidad. Acceder a la educación superior es el deseo legítimo de miles de jóvenes que ven en la universidad el camino para realizar sus vocaciones, convertirse en ciudadanos críticos o encontrar empleos de mayor calidad. Llevan dos años preparándose y es comprensible que cualquier variación de sus expectativas provoque fuertes reacciones. Por ese motivo, porque hablamos de aspiraciones que pueden verse truncadas por décimas y porque hablamos de titulaciones muy concretas, como es el caso de Medicina, estas líneas deberían escribirse en septiembre, cuando se confirme que más del 90 % de los estudiantes superan la EVAU. No con los estudiantes examinándose aún.
Las distintas tasas de rendimiento no se explican porque unas comunidades hayan ayudado a su alumnado con pruebas más fáciles. Si en lugar de regiones comparásemos ciudades con un mismo examen, veríamos que las diferencias responden realmente a los condicionantes socioeconómicos. Son estos los que afectan de lleno a la equidad y más deberían preocuparnos. Y así lo señalamos el pasado 5 de junio en un comunicado de Crue Universidades Españolas en el que subrayábamos que la EVAU ofrece suficientes garantías de objetividad. Me gustaría repetir ese mensaje de tranquilidad y recordar que esta prueba supone el 40 % de la nota de acceso a la universidad, frente al 60 % del bachillerato.
El foco está puesto en los alumnos que acceden y cualquier diferencia se amplifica hasta convertirla en desigualdad. Pero si nos fijásemos en la fotografía de los que finalizan su grado, entonces veríamos que en absoluto hay estudiantes de una comunidad que destaquen por encima de los de otras. Es posible que en las evaluaciones que realiza la OCDE sea así. Pero PISA se refiere a alumnos de 3º de la ESO, a los que aún les queda un curso para acabar la etapa obligatoria y dos de bachillerato para acceder a la universidad… si deciden hacerlo. No son datos comparables.
Los rectores y rectoras estamos totalmente comprometidos con la igualdad de oportunidades. En este aspecto, hay unanimidad. Otra cosa es el debate sobre si una prueba única sería más eficiente que diecisiete y legalmente posible en nuestro sistema autonómico. Como rector de la Universidad de Córdoba puedo garantizar que la prueba cumple con su objetivo y como presidente de Crue Universidades Españolas, insistir en que estamos dispuestos a estudiar en profundidad el procedimiento de acceso a la universidad para trasladar al Gobierno una propuesta que garantice, aún más, la equidad. Pero como ciudadano exijo que, si se decide cambiar el modelo, se haga desde un gran consenso y tras un riguroso análisis. Lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno.