El más alto tribunal español, el Supremo, ha dado por buenos los argumentos del, a su vez, más alto tribunal en Galicia, el TSXG. En una sentencia, deja explícito que en la institución que debe velar por la defensa de todos los gallegos, el Valedor do Pobo, se contrató a una persona (es suficiente con que sea una sola) vulnerando los principios básicos para ello. Dice así: «No se guio quien adoptó la decisión por los principios de igualdad, mérito y capacidad, sino por el deseo de adjudicarlo a una de las candidatas, con desprecio de la valoración de los méritos y aptitudes evidenciados por los restantes aspirantes». La persona que se llevó el puesto estaba vinculada al PP, precisamente el partido que promovió a la actual defensora del pueblo en Galicia.
Es decir, un enchufe de libro.
Siendo muy grave este caso, pero no único (el mismo Tribunal Supremo acaba de poner en solfa otras contrataciones en la Diputación de Ourense, y no es algo excepcional), en una organización como la del Valedor do Pobo tiene tintes aún más dramáticos. Por ser una herramienta del control del poder y de defensa pública ante las instituciones.
Una vez conocida la resolución del Supremo, la persona que debe responder por esa sentencia, la valedora, doctora en Derecho, decidió aguantar unas horas, antes de remitir una carta al órgano que la eligió, el Parlamento de Galicia, poniendo su cargo a disposición. Un eufemismo, y una desconsideración.
Sabe que se tiene que ir. Pero en realidad no dimite. Le deja esa responsabilidad a otros. Se va en diferido. ¿Con qué coraje, con qué credibilidad, va ahora ella, Milagros Otero, a defender a nadie ante los desmanes de una administración? No tiene argumentos para quedarse más.