En defensa de la defensa de Diana Quer


Escribo este artículo con el profundo disgusto y gran indignación que me ha causado el tener conocimiento de numerosos comentarios aparecidos en redes sociales, en donde ciertas personas vierten toda suerte de descalificaciones hacia mi compañera y amiga Fernanda Álvarez, letrada designada para la defensa en turno de oficio del Chicle, en el mediático caso de la muerte de Diana Quer. Al calor de la noticia aparecida en este mismo diario, en donde se recogía el contenido del escrito de defensa elaborado por mi compañera, no han sido pocos los que han clamado contra ella, llegando al extremo de la ofensa personal. A todas estas personas quisiera decirles desde aquí que el derecho a la opinión está vinculado al respeto, de tal suerte que quien insulta no ejerce su derecho a opinar libremente, sino que simple y llanamente se dedica a molestar, y eso no es ningún derecho.

No quiero perder mucho tiempo con esas personas, y, en cambio, sí que quiero aprovechar esta ocasión para explicar ciertos conceptos esenciales en democracia, y que frecuentemente son olvidados cuando nos enfrentamos a un tema tan mediático, eso sí, sin ánimo de ser demasiado técnico a la hora de exponerlo. Huelga decir que España es un Estado de derecho, y que en todo Estado de derecho las personas tienen derecho a la presunción de inocencia -no son culpables hasta que se demuestre lo contrario- y a un juicio justo, que solo puede ser justo si se observan todas las garantías, siendo esencial la del derecho a la defensa, reconocido en el artículo 24 de la CE. La garantía del derecho de defensa es uno de los pilares del sistema de libertades y derechos de los ciudadanos. No existe justicia sin derecho de defensa prestado con igualdad de armas procesales; no existe justicia si se presiona y ataca personal o profesionalmente a quien la presta.

En el presente caso se trata de una designación de turno de oficio. El servicio público de justicia gratuita lo prestan más de 51.300 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, con más 1.800.000 asuntos tramitados. La asistencia jurídica gratuita forma parte de la función social de la abogacía, que la presta de manera vocacional a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Los derechos no son absolutos, puesto que todos tienen y han de tener sus limitaciones que, por sintetizar y en lo que aquí interesa, vendrían dados por la colisión con otros derechos. En el presente caso, los injustificados, crueles y coléricos ataques a la defensa superan con amplitud los límites del derecho a la libertad de expresión

Defendamos el derecho de defensa y defenderemos el Estado de derecho.

Por Augusto Pérez Cepeda Decano del Colegio de Abogados de A Coruña

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