Tras la renuncia de Sánchez a dialogar por ahora con los independentistas, cerrados en banda en su exigencia de un derecho de autodeterminación inexistente, que el propio presidente ha dicho que nunca aceptará, el objetivo de la concentración de ayer quedaba aún más claro. Tras la ruptura, ya no había diálogo ni relator ni Presupuestos bendecidos por los secesionistas, pero PP, C’s y Vox la mantuvieron. Porque, desde el principio, su propósito real era exigir la convocatoria de elecciones para echar a Sánchez y conquistar el poder en las urnas. La aceptación por el Gobierno de un relator para negociar en una mesa de partidos fuera del parlamento fue utilizada por el tripartito (cada vez más sólido) para llamar a una protesta masiva. Era su Macguffin perfecto, esa excusa argumental de las películas de Hitchcock que necesitaba para continuar en la calle su plan de acoso y derribo de Sánchez. Están en su derecho, pero la concentración no era por la unidad de España, garantizada por nuestro ordenamiento jurídico, y que en todo caso habría estado más en peligro cuando los separatistas celebraron dos referendos ilegales y declararon la independencia bajo el Gobierno de Rajoy. Casado, Rivera y la ultraderecha reiteraron su falso mantra de que Sánchez no es un presidente legítimo. La manifestación recordó las que la derecha montaba a Zapatero y las marchas opositoras en Venezuela, que reclaman echar al «usurpador» Maduro (aquí el «okupa» y «traidor» Sánchez) y elecciones. Pero España no es Venezuela, ni Sánchez es un tirano. Aquí funciona una democracia plena, las elecciones son limpias, la moción de censura es un mecanismo constitucional legítimo y la calle no manda ni es de nadie. Afortunadamente.