La existencia política y jurídica de un estado se pone de manifiesto en una terminología casi universal que, procedente del latín o del griego, nos habla siempre de cimentación, estabilidad, solidez, organización y seguridad. Términos como constitución, sistema, leyes fundamentales, leyes orgánicas, instituciones, estructuras -de representación, de partidos, de territorio o de acción social-, y jerarquías, y, como resumen de todas ellas, el propio estado, hablan de lo que es aceptado y tiende a permanecer por encima de los intereses y las diferencias que agitan la vida social. Por eso se entiende que, más allá de las bien conocidas crisis sectoriales, que suelen ser las más visibles y temidas, la ciencia política nos haya advertido de otras crisis -invisibles pero más profundas y dañinas- que afectan a todas las expresiones de solidez del Estado.
La España de hoy, afectada simultáneamente por la indignación social y el procés independentista -dos movimientos que interactúan y se retroalimentan con fuertes componentes de emoción e irracionalidad-, está entrando en una dinámica de dilución que ya ha pisado muchas líneas rojas, y cuyos efectos empiezan a notarse en el debilitamiento del marco constitucional del Estado, en un creciente relativismo o inseguridad jurídica, en algunos desórdenes laborales y sociales, y en la sensación de que, mientras todo lo que tiene que ser cierto y seguro ha dejado de serlo, todo lo que es gaseoso, discutible o simplemente irracional se impone, en el debate político y en la agenda institucional, como dogmas inamovibles.
Aunque el problema no es nuevo, la más rabiosa actualidad nos pone ante el indescriptible estupor que produce el ver a Pedro Sánchez apostando por coaligarse con los que apuntan directamente a la fragmentación del territorio nacional y a la crisis definitiva de un Estado que, en el supuesto de ser derrotado por el secesionismo catalán, ya no será fiable para el resto de las comunidades autónomas, y apuntará a la quiebra de la unidad histórica que acompaña nuestra entrada en el tiempo del Estado, de la democracia y de la modernidad social.
El problema más grave no es que Sánchez quiera cambiar la unidad de España por un año de gobierno, sino que esté apuntalando con el dinero y el poder del Estado una ideología que, dándole la vuelta a todo lo que nos trajo hasta aquí, está alimentando la idea de que, mientras la unidad carece de entidad, proyecto y sentido histórico, todas sus partes son susceptibles de presentarse como entidades eternas y pueblos esenciales.
Por eso estamos en un peligroso brete, en el que la catástrofe tiene imagen -y devotos-, y el orden no. Y en tal circunstancia, que hace estéril el debate, ya no queda más remedio que apelar al cuerpo electoral en defensa de sí mismo. Y decirle con claridad que no va a tener muchas más ocasiones de defenderse y afirmarse antes de descender a los abismos. Porque los demás caminos ya los han cegado la irresponsabilidad y la demencia política.