El 2 de febrero de 1999 un teniente coronel llamado Hugo Chávez se convirtió en presidente de Venezuela tras ganar las elecciones. Pese a que siete años antes había protagonizado un fallido golpe de Estado, pudo presentarse a aquellos comicios porque fue amnistiado tras pasar solo dos años en prisión. Comenzaba así la tragedia de Venezuela. Veinte años de gobernanza autoritaria disfrazada con un discurso populista de apariencia democrática, primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro, han bastado para devastar y sumir en la miseria a uno de los países con más recursos de América, convertirlo en uno de los más inseguros del mundo, acabar con las libertades, encarcelar a los líderes opositores y provocar el éxodo de tres millones de venezolanos.
Esa catastrófica obra del chavismo está más cerca de su final, una vez que el Gobierno de España y los de todas las grandes potencias europeas, con la excepción de Italia, gobernada también por el populismo, han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como legítimo presidente encargado de convocar en el menor tiempo posible unas elecciones presidenciales con todas las garantías democráticas. Es cierto que la Unión Europea ha dado muestras de la grave crisis que atraviesa al fracasar en su intento de ofrecer una respuesta unánime al desafío del déspota Maduro. Y también que en la tardanza de muchos países, incluido España, en dar ese paso decisivo ha pesado el prejuicio de que el giro de los acontecimientos en Venezuela haya sido claramente patrocinado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Pero no es hora de lanzar reproches, sino de pensar exclusivamente en el futuro del pueblo venezolano, en proveerle de urgente ayuda humanitaria y en devolverle cuanto antes la democracia de forma pacífica, ejerciendo la máxima presión diplomática para impedir que Maduro se atrinchere y haga efectiva su miserable amenaza de llevar al país a una guerra civil. Cualquier derramamiento de sangre será responsabilidad exclusiva del dictador venezolano, que ha despreciado todas las invitaciones a una solución democrática.
A España, a la que le unen históricos lazos de amistad con Venezuela, país en el que mantiene importantes intereses comerciales y una colonia de 200.000 residentes, le corresponde liderar el proceso para que, tal y como ha dicho Pedro Sánchez, sea el pueblo de Venezuela el que decida en exclusiva su destino. Sería por ello deseable que la oposición abandonara a partir de ahora sus legítimas críticas a la forma en la que Sánchez ha gestionado esta crisis y también que el Gobierno hiciera el máximo esfuerzo de consenso para que España hable con una sola voz, evitando así que la tragedia de Venezuela se convierta en un argumento más de confrontación electoral. Esa política de Estado sería además la mejor manera de desenmascarar y dejar en evidencia a los partidos populistas que fueron amamantados por el chavismo y que todavía hoy siguen dando apoyo al Tirano Banderas del siglo XXI.
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