En lo referente a la Justicia, Spain is different. Lo es, en pequeña medida, en los pleitos corrientes. Pero lo es en grado sumo cuando, con independencia de que juzguemos un asesinato sañudo o un tocamiento en el metro, cuando los medios se abalanzan sobre el asunto, le otorgan tratamiento de «caso», y todos los jueces y juezas empiezan a actuar como si fuesen Julia Roberts o Richard Gere a las órdenes de Garry Marshall.
Entre los asuntos tratados como «caso», destaca el gravísimo accidente de A Grandeira (24-07-2013), que, descrito, en términos objetivos, como un tren Alvia que descarriló a 190 kilómetros por hora en una curva con velocidad limitada a 80, y provocó 80 muertos y 144 heridos, se instruyó finalmente como una causa general contra los procesos de transición a la alta velocidad, contra los ministros que impulsaron el sueño dorado del tren moderno, y contra los técnicos y cargos intermedios que programan y gestionan los ferrocarriles de España. Por eso han transcurrido casi seis años sin que la instrucción se haya cerrado. Por eso se crearon comisiones de investigación que solo sirven para aventar la confusa justicia universal que se pretende. Por eso se han investigado y dejado de investigar personajes destinados a demostrar que la instrucción era meticulosa, enjundiosa y farragosa. Por eso, y porque hubo investigaciones escénicas motivadas por la temeraria reapertura de la instrucción cerrada por el juez Lago en 2015, caminamos hacia una sentencia frustrante, que va a provocar que la gente crea que los jueces impuros laminaron a los puros, y que, mientras «los verdaderos culpables» salen impunes, se hace del maquinista un chivo expiatorio.
Peor, creo, no se puede hacer. Y por eso, para justificar la populista reapertura ordenada por la Audiencia Provincial, y para no dejar solo al maquinista, se ha inventado un imputado cireneo, que pasaba por allí, para que le ayude al maquinista a llevar el peso de su cruz.
En febrero van a comparecer ante la comisión del Congreso -altavoz de opiniones y conjeturas movidas por la buena y la mala voluntad- los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, cuyo esfuerzo por sacar adelante una obra de dimensiones históricas va a ser tamizado por la idea de que, si la transición se hiciese suspendiendo el servicio durante cuatro años, y probando las vías y sus sistemas de seguridad con trenes vacíos, no hubiese sido posible que un maquinista, que conocía esa vía y ese tren al dedillo, que había tomado el relevo media hora antes, y que sabía que A Grandeira tenía riesgos que obligaban a limitar su velocidad, dejase correr su tren a 190 kilómetros por hora -mientras hablaba por el móvil- a solo un minuto de la estación de Santiago.
La lamentable conjunción de una justicia infinita con una instrucción eterna alimentó la especie de que no habrá justicia si no se trinca un pez gordo. Y por eso no nos queda ninguna posibilidad de que este «caso» acabe -hacia el año 2024- en una sentencia justa, entendible y satisfactoria.