Aunque, según parece, lo de cordón sanitario comenzó a aplicarse al hilo de la revolución rusa de 1917, la expresión está últimamente en boca de todos, especialmente de nuestra clase política, a propósito de qué hacer con Vox. Hay quien propugna incluso un pacto de las demás fuerzas políticas para aislarlo totalmente de las instituciones andaluzas a las que fue llevado democráticamente con el voto de 400.000 ciudadanos.
Y ante este cordón sanitario, hay que preguntarse, ¿puede un partido legalmente constituido aislar, negándole el diálogo y la negociación, a otro que dispone de la misma legalidad? ¿Puede el líder de un partido autorizado rechazar hablar con otro de igual condición? ¿Puede un partido autentificado y con todos los certificados en regla proponer un cordón sanitario para aislar a otro que goza de los mismos privilegios? En definitiva, ¿es razonable que un grupo con representación parlamentaria obvie a otro de sus mismas condiciones y con la misma representación?
El problema que se nos plantea con Vox no se soluciona con un cordón sanitario, castigándolo mirando a la pared. Si es un partido legalmente constituido, con personalidad jurídica e incorporado en el Registro de Partidos Políticos, hay que tratarlo como tal. Porque el cordón sanitario no se puede poner ahora; había que haberlo puesto en el momento de su legalización. Y de ser así, cuesta trabajo creer que un grupo homófobo, xenófobo, machista y que pretende acabar con el estado de las autonomías, pudiera ser considerado legal. Porque va contra la propia Constitución.
La mayoría de los españoles creemos que Vox es un peligro para nuestra democracia. Pero un peligro que no se combate con un cordón sanitario. No estaría de más saber quiénes tomaron la decisión de que se incorporara con todas las bendiciones a la vida pública. Pero una vez que está, lo está en las mismas condiciones que todos los demás. Y nadie puede venir a decirnos desde su casa quiénes son los buenos y quiénes los malos. Porque eso es tan antidemocrático como lo es Vox.