La ciudadanía de a pie esperaba que la magistratura implicada en el asunto hipotecas del Supremo, se retractara. Pero no. Cuando por fin habló, no rectificó. Se retrató: «Se ha tomado una decisión en derecho» (Lesmes dixit). No es de extrañar que múltiples voces dentro de la propia judicatura invoquen al sentido común y exijan dimisiones. Sí es raro, el juicio/opinión, siempre urgente por electoralista y casi siempre vía tuit, de buena parte de la clase política de todos los colores. Pero esa es pasta para otro lienzo, uno que dibuje -parafraseando a Vázquez Montalbán- que «contra la banca vivimos mejor», o como decimos por aquí «o que ten cu ten medo».
Cuando está en juego la economía doméstica de muchas familias; cuando está en liza el prestigio de los que toman las decisiones judiciales que deben dirimir los conflictos entre el pueblo (léase consumidores-contribuyentes-clientes-usuarios) y las instituciones, públicas y privadas, que prestan y cobran servicios a la ciudadanía, no puede ser que un voto con doble apellido (Díez-Picazo), expectante a la respuesta de los mercados y supuestamente dopado, empañe el cristal por el que observamos a la diosa justicia. Transmite bruma, tormenta, o lo que es lo mismo, falta de transparencia, inseguridad y riadas de lodazal que inundan y embarran los senderos del Olimpo judicial. Desde siempre, dos más dos son cuatro.
Ahora la ecuación se ha visto alterada, ponderada y vapuleada: trece más trece son dos; dos que valen quince y que en total son veintiocho. ¡Quién da más! La banca, por supuesto. Siempre da más porque es quien más recibe. Mejor observar la realidad con retranca, puede que nos ayude a minimizar el desconcierto y el bochorno de quienes pagamos con altos intereses los despropósitos de decisiones que se resumen en una balanza de saldo negativo: dar crédito a la banca y descrédito a la magistratura.
Si espurios intereses inclinan la balanza de esta manera, el Tribunal Supremo se retrata en una peculiar y peligrosa suma de I+D = Inseguridad jurídica y Desprestigio. Un binomio difícil de comprender y asimilar en una sociedad del siglo XXI con asuntos de gran calado pendientes de resolver, tanto en la agenda propiamente legislativa como en la judicial. Una institución esta de la que emanan muchas sentencias impecables, pero que en otras muchas está en fondo y forma tocada y muy necesitada de legitimidad. El optar por el interés no general frente al interés general, es decantarse por las élites económicas y provocar un desprestigio de trascendentales consecuencias para una de las piezas fundamentales del sistema judicial de un Estado democrático y de derecho.
Si este es el estado de nuestra justicia ¿dónde está la equidad, dónde la independencia? El retrato es la imagen de un Estado de Derecho que, en ocasiones, escribe equivocado y con renglones muy re-torcidos. Y al frente de tan alta institución, el Supremo, un quijotesco Lesmes, no tanto por sus hazañas caballerescas como por su literario semblante, que repite «monólogos tramposos» (García Ferreras dixit) ante los medios. Pero sobre todo, porque el capítulo que viene es aquel en el que algunos «sanchos» le advertirán que esta vez lo que ve en el horizonte «no son molinos sino gigantes». Ahora, el monstruo toma cuerpo en forma de real decreto-ley anunciado por el Presidente Sánchez: ¡Moncloa no paga traidores!