Nunca antes habíamos visto un alarde de medios periciales y policiales tan extenso e intenso como el desplegado por Turquía en el caso Khashoggi. Y es que si, por algo se ha caracterizado este país, es por manipular el concepto de legalidad a su antojo bajo las directrices de un presidente que, hasta hace unas semanas, vivía uno de sus momentos de popularidad más bajos.
Atrapado en una grave crisis económica y con la lira por los suelos, bajo la mirada crítica de la UE por la represión tras el golpe de 2016 y su política contra los kurdos y los derechos humanos y sin el apoyo de EE. UU., Erdogan ha visto la oportunidad y no la ha dejado escapar. Actuar de manera decidida y contundente es «marca de la casa» pero, en este caso, en el que estaba implicada la «inmunidad diplomática» de una legación consular y la víctima era un periodista saudí, ha demostrado ser hábil y eficaz.
La filtración constante de información inculpatoria sobre la sospechosa desaparición de Khashoggi le ha devuelto prestigio cuando estaba contra las cuerdas y ha puesto en la picota a su rival en liderazgo de Oriente Próximo. Un rival, Arabia Saudí, dirigido por el ambicioso pero todavía inexperto heredero Bin Salman con demasiados frentes abiertos: la guerra en Yemen, el asedio a la pujante Catar que estaba ganando un peso estratégico excesivo en el juego de poderes de la península arábiga y el programa de reformas para liberar a su país de la dependencia económica del petróleo. Un rival joven, con la energía, los recursos y el poder suficiente para hacerle sombra pero que ha cometido el «terrible error» de ordenar el asesinato de un periodista crítico en el país de un viejo zorro que no está dispuesto a soltar una presa de caza real y a dejar que sean los subordinados que paguen por el mismo. Suma y sigue.