De cómo se inflan las grandes cuentas


Los ingresos están sobrestimados en mil millones de euros, dice la CEOE tras echar un primer vistazo al plan presupuestario del Gobierno. El servicio de estudios del BBVA eleva la cifra y la sitúa entre 1.200 y 2.000 millones. Si esto fuese así, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, merece el cum laude: su previsión se ajustaría más a la realidad que las efectuadas por sus tres ilustres antecesores. Tanto Pedro Solbes como Cristóbal Montoro, pasando por Elena Salgado, cometieron excesos mayores. El año pasado, sin ir más lejos, Montoro infló los ingresos tributarios -no contamos las cotizaciones sociales, jugosa harina de otro costal- en más de 7.000 millones de euros: presupuestó 200.963 millones y la Agencia Tributaria solo recaudó 193.951. Su error fue del 3,5 %.

Pero hoy, supliendo mis limitaciones con la experiencia de haber elaborado tres presupuestos autonómicos, no quiero hablar de política, sino de números. De cómo se cuecen y del resultado de la hornada. El panadero, ministro o ministra, se dirige a los técnicos para que estimen los ingresos previsibles:

-Oye, Pepe, en función de nuestras expectativas económicas, calcúlame cuánto ingresaremos por impuestos y tasas. Ah, y otra cosa: cuánto recaudaríamos adicionalmente si gravamos las transacciones financieras, subimos el IRPF a los ricos, exigimos a las empresas que paguen más, y etcétera, etcétera.

Pepe hace su trabajo y, como además de competente no se quiere pillar los dedos, nos presenta tres o más proyecciones: la pesimista, la razonable y la más parecida a las cuentas de la lechera. El ministro, por su naturaleza optimista o por la agobiante presión de sus colegas de gabinete que quieren construir más carreteras y contratar más médicos, opta sistemáticamente por la última. Así ha sido, al menos desde el año 2007: la recaudación efectiva siempre ha sido inferior a la estimada en los respectivos presupuestos anuales.

La excepción del 2007 bien merece párrafo aparte. Solbes preveía unos ingresos tributarios de 234.642 millones y la burbuja inmobiliaria, en su momento álgido, le concedió 15.400 millones de propina. Al año siguiente, el ministro observó los nubarrones en el horizonte y, prudentemente, redujo el presupuesto a 203.535 millones, pero aún así se quedó a 30.000 millones del objetivo: la crisis desplomó la recaudación. En el 2009, la desviación superó los 45.000 millones de euros. Nunca desde el 2007 la recaudación alcanzó la cifra de ingresos prevista.

Que a pesar de las desviaciones en el estado de ingresos -9.000 millones en el 2013, 4.800 millones en el 2014, 4.100 millones en el 2015, más de 7.000 millones en cada uno de los dos últimos años- bajase el déficit público tiene fácil explicación: tampoco se ejecutan, ni mucho menos, todas las partidas de gasto presupuestadas. Lo cual desmiente el bulo tan recurrente estos días de que los gastos son fijos -algunos sí, ciertamente, como las nóminas de los funcionarios- y los ingresos erráticos. Cuando se infla el ingreso toca, después, desinflar el gasto o disparar el déficit. No queda otra.

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