En su afán de intentar calmar las aguas del tormentoso mar catalán, el Gobierno acaba de cometer la que probablemente sea su mayor equivocación. Justificar su inacción diferenciando entre la defensa de la jurisdicción española y la de un juez particular por unas declaraciones es una sutileza absolutamente inapropiada en este caso. Solo los necios pueden pensar que la demanda de Puigdemont contra Llarena obedezca a una motivación distinta que la de intentar desacreditar al sistema judicial español en el extranjero. Es lo que los secesionistas llevan procurando desde el primer momento. Se puede discrepar de la instrucción de Llarena, pero hay cauces procesales sobrados para expresar las críticas y resolver los fallos si los hubiera. Pero dejar hacer, confiando en que la verdad se imponga y desnude las mixtificaciones de los independentistas, es un grave error que solo beneficia a quienes se alimentan del engaño y del enfrentamiento.