Aprobar la mitad de las asignaturas de Derecho le llevó a Pablo Casado ocho años. Pero para sacar la otra mitad, justo cuando acababa de ser elegido diputado y tras cambiar de universidad, solo necesitó dos convocatorias: junio y septiembre. También obtuvo un máster en el que le convalidaron 18 asignaturas, ¡18!, y tuvo que presentar cuatro trabajos para aprobar las cuatro restantes. Teniendo en cuenta que algunas compañeras de curso han reconocido ante el juez que el máster le fue regalado, el currículo académico del flamante nuevo presidente del PP empieza a parecer un poco raro.
«¿A quién no le aprobaron una asignatura sin merecerlo?», podrán argumentar en su defensa. Y con lo alta que tienen los españoles su capacidad para tolerar las irregularidades y la corrupción política, habrá incluso quién diga que no es para tanto. Tras haber visto cómo muchos políticos desde los cargos públicos han dilapidado y se han apropiado de millones y millones de euros, que a alguien le regalen un título parece una cosa menor.
Pero la gravedad de las irregularidades que están saliendo a la luz en la enseñanza superior no radican en las consecuencias que puedan derivarse en la esfera política. El verdadero problema es la sombra de sospecha que estos hechos extienden sobre los cursos de posgrado en general, y de la Universidad Rey Juan Carlos, en particular. Y, en consecuencia, sobre los títulos con los que saldrán de allí miles de alumnos.
Por el bien de la política española, que necesita que el PP supere de una vez el noqueo en el que lo dejó la moción de censura del PSOE, pero sobre todo por el bien de los miles de universitarios y de sus familias que ven peligrar el fruto de todo el esfuerzo y que puede ver condicionado su futuro, hay que pedir al Supremo que acelere, se pronuncie y aclare las cosas. Y en función de su decisión después ya se verá si es momento de pedir responsabilidades o no, y a quienes.