Incomoda que una vez más sea necesario acudir a un real decreto-ley para intentar reponer la televisión pública española, y su corporación, como servicio público y plural. Pero ello no hubiera sucedido si el Partido Popular, una vez alcanzada la mayoría absoluta en diciembre del 2011, no hubiera revertido, también por decreto-ley, la regulación de la televisión pública española aprobada por el presidente Zapatero.
El Gobierno popular reformó la ley de RTVE en el 2012, cambiando la composición del Consejo y eliminando el requisito de la mayoría reforzada, los dos tercios del Congreso, para la elección de su presidente, con objeto de eliminar el bloqueo que supuestamente se produciría, dado el poco gusto por la negociación y el pacto que tiene el Partido Popular cuando le sobra el mundo.
Y desde luego tenía razón. Era difícil que hubiera acuerdo cuando para dirigir RTVE su candidato era no solo un señor que reconocía sus andanzas en los papeles de Bárcenas, sino que tenía un acreditado trabajo de control informativo en televisiones públicas. De su concepción del poder, y de cómo le debían de agradecer los servicios prestados, da cuenta la fina ironía o el descaro que esgrimía cuando se dirigía a los señores senadores a punto de terminar su mandato: «Es de agradecer que el PP me busque un puestecito».
Y de tal concepción de las televisiones públicas, estos lodos. Porque llegaron las elecciones del 2015, y las del 2016, y el Partido Popular no logró la mayoría absoluta. Tampoco le alcanzaba con el apoyo fiel de Ciudadanos. Y se puso a hacer lo que mejor se le daba en las instituciones públicas que necesitan de su concurso: bloquear y dilatar. Precisamente lo que aducía como argumento para cambiar la ley del 2006. Y entregado a ello votaba la renovación del Consejo que permitiera llevar a RTVE a volver a ser un servicio público y no un instrumento partidario e ideológico, para a continuación torpedearla. Bien aprovechándose de su mayoría en la Mesa del Congreso, lograda con los votos de ese denostado PDECat, bien entorpeciendo los acuerdos para la renovación. Y en ello seguirá. Al menos hasta que una nueva dirección del partido asuma que las televisiones públicas son servicios públicos plurales y no instrumentos de manipulación de la sociedad.
Más preocupante en estos momentos es la posición del partido de Albert Rivera, adalid de la regeneración, que no duda en aliarse con los populares para someter a RTVE a sus intereses, con desprecio del derecho a la información que contempla la Constitución.
Es cuestión común, y más en política, que se ve la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, por ello se acude a TV3, a TVG o a la Televisión Andaluza para defenderse de la propia tropelía. Pero reconozcámoslo, esta no existía bajo la ley de RTVE del 2006. Y solo se resolverá si la Constitución asocia derecho a la información con pluralidad inexcusable de los medios de comunicación públicos. Mientras tanto, enredos, apaños y un interminable bloqueo. Si no hacemos que se les caiga la cara de vergüenza.