Estaba cantado que se produjesen las manifestaciones si la sentencia en el asunto de la Manada no contuviese la máxima pena. El hecho y sus circunstancias propiciaban la ocasión y las redes sociales el eficaz instrumento. No tuvieron la espontaneidad de otras en momentos difíciles para nuestra convivencia, como la que originó el espíritu de Ermua, un hito contra el terrorismo de ETA, que ahora ha comunicado su disolución. Fueron la secuencia de otras que defendían los derechos de la mujer y su dignidad contra toda violencia. En ese sentido, algo no funciona cuando la gente sale a la calle. Si esa reacción es reiterada, el algo se convierte en fundamental para una convivencia democrática, trátese de una dictadura formal o camuflada de constitucional. En relación con la sentencia citada, las manifestaciones resultan sesgadas al dejar en entredicho a la magistrada que formó parte del tribunal, a la que no parece razonable tacharla de «machismo». No constituyen la exposición libre de una opinión discrepante, sino una descalificación del Tribunal y el intento de imponer su criterio en la próxima instancia judicial, así como un aviso para cualquier actuación judicial similar en el futuro. Una forma preocupante de populismo que utiliza una representación ilegítima del pueblo para defender sus propuestas. En este caso, se intenta ponerse en el lugar, suplantar sería más preciso, de los magistrados a quienes como independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley, corresponde administrar la Justicia. Los eslóganes impiden cualquier matización o divergencia, incluso cuando el asunto no ha terminado su curso judicial. Ese imperio del pueblo carcomería la estructura del Estado democrático de Derecho y la separación de poderes. Que el método se propague es un peligro latente, si se atiende a la capacidad de intimidación de los manifestantes. Las expectativas electorales que apuntan los sondeos publicados alimentan ese virus populista, que rebasa la distinción izquierda-derecha, con un añadido del oportunismo como regla para ponerse delante de la manifestación. Desde esa perspectiva puede entenderse la desafortunada intervención, ampliamente criticada, del ministro de Justicia sobre el magistrado discrepante de la sentencia y también la necesidad imperante de reformar el Código penal a la que se apuntan todos. En ese clima se ha horneado también la propuesta de prisión permanente revisable. Parece que se fía la solución de los problemas al endurecimiento de las penas. Teniendo a la vista tanto hecho reprobable y en concreto el de la sentencia, no parece que la cuestión se reduzca a calibrar jurídicamente si ha habido o no consentimiento. El contexto en que se llevó a cabo y el auto-apelativo de «manada» de los protagonistas revela la insuficiencia del Derecho para erradicar esas conductas. Su porqué puede buscarse en el ámbito descuidado de los valores.