El próximo 22 de mayo está convocada en toda España una jornada de huelga en las carreras judicial y fiscal. Ante esta situación, algunos son muy diligentes en proclamar a los ciudadanos que ¡cómo es posible que los jueces puedan ir a la huelga! ¡Un poder del Estado no puede ponerse en huelga! Pues bien, ante estas proclamas que pueden confundir a la opinión pública, creo que es necesario aclarar esta cuestión. En efecto, los jueces ejercemos un poder del Estado, el poder judicial; un poder que se manifiesta de forma atomizada por todos y cada uno de los más de 5.000 jueces y magistrados que todos los días dictan sentencias y resuelven las controversias en los juzgados y tribunales de España. Los jueces ejercemos este poder quedando únicamente sujetos a la ley, y además tenemos que ejercerlo siempre con independencia y con responsabilidad. Por estas razones, la Constitución ha prohibido a los miembros de la Carrera Judicial y del Ministerio Fiscal, mientras se hallen en servicio activo, pertenecer a partidos políticos y poder estar afiliados a sindicatos, tal y como pueden hacer en cambio la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Quizá una vez que llevamos 40 años de andadura del texto constitucional del 1978, podríamos replantearnos la vigencia de esa prohibición. En ningún precepto de la Constitución ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha establecido que los jueces no puedan ir a la huelga como medida de presión para obtener determinadas mejoras en sus condiciones de trabajo. Una medida que sí que está prohibida en el caso de los miembros de las fuerzas o institutos armados y de los cuerpos sometidos a disciplina militar. Ahora bien, que los jueces no tengamos prohibido el ejercicio del derecho de huelga en nuestra condición de empleados públicos es una cosa, y otra muy distinta es que sea oportuno llevarla a término en estos momentos.
No solo tienen que ser responsables los jueces, sino todos los sujetos que ejercen responsabilidades públicas en el ámbito de la Justicia; aunque sin duda sea muy distinta la forma y las consecuencias de la exigencia de dicha responsabilidad a un juez o, por ejemplo, al conselleiro o al ministro de Justicia. Porque es responsabilidad de quienes dirigen la política judicial dirigirla bien, pero de manera principal hay que exigir capacidad y competencia para aportar las soluciones que mejoren el funcionamiento de nuestra Justicia. ¡Qué lejos estamos hoy en día de las ideas y el talante de Fernando de los Ríos!, ministro de Gracia y Justicia que en 1931, consiguió despolitizar el nombramiento de los magistrados y del presidente del Supremo, y fue capaz de instaurar por primera vez un sistema de carrera judicial reglado.
Los jueces vamos a la huelga por razones del «desgobierno» que padecemos y porque se han roto las clavijas de nuestro sistema judicial. El Consejo del Poder Judicial tiene que recuperar las competencias y dedicación de sus vocales y asegurar la igualdad de género y la representatividad. Hay que incrementar las plantas judicial y fiscal; modernizar los edificios y la implantación de los tribunales de instancia, y dotar de medios adecuados a los funcionarios con retribuciones equitativas. Sin olvidar que desde el Gobierno y el Parlamento no se está acertando a la hora de motivar al colectivo de mujeres y hombres que integramos la Carrera Judicial. Un colectivo cada vez más integrado por jueces jóvenes, que son quienes más sufren el abandono y carencia de medios.
Los jueces de una democracia avanzada como es la española somos unos ciudadanos singulares, sin duda, porque ejercemos además con nuestro trabajo un poder del Estado; pero, al fin y al cabo, somos personas de carne y hueso, con nuestras debilidades y virtudes, y que solo queremos hacer nuestro trabajo con la mejor dedicación profesional y la mayor eficacia al servicio de la tutela de los derechos de los ciudadanos.