La violencia necesaria para la rebelión. He ahí la cuestión. Y la cuestión fue afrontada de forma distinta por dos jueces. Carmen Lamela consideró que sí había violencia en las reuniones de la ANC, Ómnium y sus grupos anexos los días previos al referendo, porque en ellas se pedía a los catalanes que tomaran puntos estratégicos de la comunidad, como aeropuertos y autopistas para que el Estado no resistiera un pulso con la inminente república. Una estrategia agresiva, basada en un peligro potencial. Pablo Llarena, en cambio, apostó por algo más pequeño, pero tangible, con vídeo y fotos: el asedio a la Consejería de Economía, con los Jordis guiando al pueblo desde el techo de un coche de la Guardia Civil. Pero su derrota ha sido brutal. Es como si los muchachos que asaltaron el Parlament el 6 y el 7 de septiembre, que se llevaron el todo en nombre de una parte, hubieran cometido una travesura.
El Gobierno deberá plantearse ahora qué táctica seguir. Ablandarse supondría rectificar, defraudar a gran parte de su parroquia y llenar un poco más el depósito de Ciudadanos de cara a las elecciones. Pisar el acelerador sería adoptar la vía israelí, es decir, avanzar pase lo que pase, aunque se siembre la antipatía internacional.
Los secesionistas ahora podrán seguir vendiendo que en España se encarcela a los independentistas sin más. Lo demuestran los dos millones de catalanes que entraron en prisión después del 21D. Y los silencios de Artadi, Rufián, Guardiola... Pero también los del Ejecutivo central, incapaz de contarle al mundo que lo de septiembre y lo que vino después no fue una trastada.