¿Quiénes son en Cataluña los fascistas?


La noticia de que el Ministerio del Interior ha decidido reforzar con nuevos agentes la protección que ya se ven obligados a soportar en Cataluña algunos jueces y algunos dirigentes de partido pone de relieve que los que juegan con fuego corren el grave riesgo de quemarse. O, como en este caso, de que resulten abrasados los demás.

Y es que, tanto la veintena de nuevos escoltas que ahora van a desplegarse como los más de 50 que ya fueron enviados a Cataluña con motivo de las últimas elecciones autonómicas, no irán allí a proteger a todos los jueces y a todos los políticos, sino solo a los jueces que, en cumplimiento de su deber, están actuando contra la rebeldía institucional secesionista y a los políticos no nacionalistas que le han hecho frente con coraje.

En España, claro, sabemos muchísimo de escoltas. Sabemos tanto que sabemos, incluso, que cuando en una sociedad democrática algunos jueces y sus familias y algunos políticos y las suyas tienen que vivir protegidos por escoltas es que se está incubando -o se ha desarrollado ya, hasta convertirse en un peligro letal-, el virus del fascismo.

Asistimos estos días a manifestaciones que se dirigen contra un supuesto Estado fascista y opresor: el español. Manifestaciones en las que han llegado a participar incluso políticos que aspiran a gobernar en el conjunto del país o que lo hacen ya en varias comunidades y en ayuntamientos importantes. Todos ellos saben, sin embargo, que se verían en un aprieto insuperable si tuvieran que explicar con un poco (muy poco) de rigor por qué califican de fascista y opresor a un Estado que reúne todos y cada uno de los requisitos de los sistemas democráticos. Salvo, claro, que también sean fascistas y opresores Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido o Alemania, de modo que la democracia quede reducida a esos oasis de libertad que representan la Venezuela chavista o la Cuba poscastrista.

La imposibilidad de demostrar lo que constituye una tan burda como majadera falsedad es solo comparable a la facilidad con la que cualquiera que no haya nacido ayer podría acreditar una verdad como una casa: que una sociedad democrática donde tienen que ser protegidos por escoltas los jueces que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado de acuerdo con las leyes y los políticos que defienden la aplicación de las normas aprobadas, dentro del marco de la Constitución, por los representantes legítimos del pueblo, es una sociedad que ha contraído una grave enfermedad: la de la amenaza del fascismo.

Un mal que se ve agravado, claro está, cuando dirigentes políticos de quienes cabría esperar la radical condena de las amenazas a la justicia y la libertad que se ejerce dentro de la ley se dedican a criticar sin más motivo que sus espurios intereses de partido a quienes la defienden mientras guardan un silencio ominoso sobre la intolerable presión que sufren los amenazados.

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