La huelga que mantienen en Galicia desde hace un mes los empleados de Justicia en demanda de mejoras salariales ha conseguido colapsar el funcionamiento de juzgados y tribunales y lesionar, con ello, gravemente el derecho a la tutela judicial de miles de personas. La práctica paralización de la administración de justicia se ha convertido, de hecho, en un chantaje, no solo por su larga duración sino sobre todo porque los impulsores de la huelga -que encima acosan a los trabajadores que no quieren secundarla- saben bien que al paralizar el funcionamiento de un servicio esencial convierten en rehenes de esa acción a sus muchos usuarios. Son ellos, los ciudadanos que ven lesionado su derecho a obtener la tutela judicial que la Constitución les garantiza, los verdaderos paganos de la huelga, aunque carecen de cualquier instrumento para darle solución. Y eso lo saben los sindicatos: que la presión sobre la Xunta de Galicia se realiza en realidad utilizando el derecho fundamental a la huelga para perjudicar otro cuya efectividad tienen los huelguistas en sus manos. Así ocurre siempre que se paraliza un servicio público esencial (la Justicia, la Sanidad, la Educación o los servicios de transporte), lo que exige de los huelguistas individuales, pero aun más de los sindicatos, una responsabilidad que en este caso brilla desgraciadamente por su ausencia. ¿Cabe decir lo mismo de la Xunta? ¿Es su cabezonería la que impide llegar a un acuerdo con los empleados de justicia? ¿Debería el Gobierno gallego acceder a sus pretensiones para acabar con un conflicto que no solo está perjudicando a miles de usuarios sino que aumentará el atasco de un servicio que trabaja ya habitualmente con retraso muy notable? Esas preguntas solo pueden responderse tras constatar que el alza salarial que exigen los huelguistas en el tramo autonómico de su sueldo supera con mucho las mejoras que se están negociando en cualquier ámbito laboral público o privado. De hecho, la última oferta del Gobierno gallego supera ya ampliamente los porcentajes de suba salarial que los trabajadores y los sindicatos que los representan ponen actualmente encima de la mesa cuando se trata de negociar con los empresarios o con la administración. Pero el mejor argumento para justificar la negativa de la Xunta, que tiene la responsabilidad de tutelar los intereses generales y resistir por tanto la tentación populista de no correr el riesgo de perder votos valiéndose para ello de la pólvora del rey (es decir, del presupuesto), consiste en preguntarse que pasaría si los demás empleados públicos con capacidad de presión igual o mayor que la de los huelguistas (el personal sanitario o educativo, por ejemplo) decidiese, como el de Justicia, echarse al monte y utilizar su gran poder para poner los servicios públicos esenciales del país patas arriba. ¿Se lo imaginan?