Puigdemont vive en una realidad paralela: no se ha saltado la ley, no la ha retorcido y no ha desafiado al estado proclamando la república, pero ha sido represaliado y por ello se ha exiliado en Bruselas. Y como su meta es legítima, tiene que persistir en ella. Es la misma realidad paralela en la que vivían Forcadell, los Jordis y los exconsellers de su Gobierno hasta que la cárcel los hizo despertar de golpe. Y es la misma ilusión en la que creyó Artur Mas hasta que una sentencia lo inhabilitó y lo dejó, de momento, sin todo su patrimonio conocido.
¿Qué pretende ahora Puigdemont? Aunque en el mejor de los casos fuese investido telemáticamente -algo que ahora mismo se antoja imposible-, ¿pretende gobernar desde Bruselas? ¿Y nombraría consellers a los que lo acompañaron en su fuga a Bélgica? ¿Y dónde se harían los consejos de Gobierno? ¿En Bruselas? ¿Y cómo intervendría en el Parlament, con un plasma?
Es cierto que la suya es la segunda fuerza que más apoyos obtuvo el 21-D, pero el respaldo de los votos no exime a Puigdemont de la obligación de cumplir la ley, que es lo que pretende. Eso significa que, o vuelve a España y pasa por prisión, o queda atrapado en cualquier sitio del resto del mundo, pero lejos de Cataluña.
Para la aventura en la que ahora quiere embarcarse, Puigdemont no cuenta ni siquiera con la compañía de los más radicales que lanzaron el procés el 6 de septiembre. Porque del barco ya se cayó Forcadell a las puertas del Tribunal Supremo; del barco se cayeron por el camino varios exconsellers. E incluso ayer se bajaron del barco de la independencia unilateral los encargados de sacar a la gente a la calle: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Pero el mayor despropósito es no darse cuenta de que mientras Puigdemont delira con los sueños independentistas, se mira el ombligo buscando una salida a su situación procesal para evitar pisar Estremera, Soto del Real o la que sea, y crece su convencimiento de que es una especie de mesías, Cataluña sufre.
Y sufre en el día a día. Llamativo es saber el impacto que toda la crisis ha tenido en un sector fundamental para la economía catalana y, en consecuencia, española. Que los hoteles, restaurantes, museos, etcétera, hayan dejado de ingresar 300 millones de euros es muy grave. Porque significa que se han destruido empleos, y significa que muchos catalanes han reducido su consumo, y significa que el impacto se acabará extendiendo, en mayor o menor medida, a otros sectores económicos.
Si Puigdemont no es capaz de ver la deriva en la que ha entrado, el daño que está causando y el que seguirá provocando si insiste en su delirio, alguien tendrá que hacérselo ver. Y tendrán que ser los suyos. Y si no lo convencen, tendrán que apartarlo. Porque ya va siendo hora de poner orden y empezar a trabajar para que Cataluña no deje de ser el motor económico que siempre ha sido en este país.