En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza». Eso es lo que recomendaba San Ignacio de Loyola. Y, si tuviera que guiarme por lo que ayer le escuché a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados durante la recepción con motivo del Día de la Constitución, diría que el presidente del Gobierno se ha convertido en un devoto jesuita. Es posible que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, entendiera que Rajoy se comprometió con él a abordar una reforma de la Carta Magna a cambio de su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Pero hay que conocer muy poco al personaje, y ser bastante ingenuo, para pretender que si el líder del PP no quiso oír hablar de una reforma constitucional cuando disponía de una formidable mayoría de 186 diputados en el Congreso, vaya a meterse ahora en ese berenjenal teniendo solo 137. Y no le falta razón.
Nadie puede negar que España atraviesa el momento político más convulso desde la reinstauración de la democracia. Y ha sido precisamente la fortaleza de la Constitución de 1978 la que ha permitido hacer frente al golpe secesionista sin precedentes lanzado por quienes han pretendido privar de sus derechos constitucionales a una mayoría de los catalanes para imponer unilateralmente su plan de ruptura con España. Y, por ello, adentrarse en esas circunstancias en un incierto proceso de reforma de la Constitución sería una irresponsabilidad suicida que solo daría argumentos a quienes pretenden liquidarla.
Plantear que en unas circunstancias tan excepcionales como las actuales sea posible alcanzar un consenso similar al logrado en 1978 es simplemente una frivolidad que podría costar muy cara. A diferencia de lo que ocurrió entonces, cuando todos cedieron en sus planteamientos porque más allá de las diferencias ideológicas existía un mayoritario objetivo común, que era la libertad y la democracia, en este momento ocurre todo lo contrario. Ni existe un objetivo común, porque se están planteando reformas no solo distintas, sino antagónicas, ni se atisba por parte de algunos la voluntad de ceder en nada. Los que, sin ser precisamente unos revolucionarios, se suman alegremente al insensato clamor por una reforma de la Constitución, como si eso fuera el bálsamo de fierabrás que soluciona todos los problemas, parecen ignorar que en el Congreso hay ahora mismo 95 diputados, los que representan a las fuerzas populistas e independentistas, cuyo objetivo no es perfeccionar la Carta Magna, sino acabar con ella.
Si alguna reforma necesita la Constitución, es aquella que impida que el Estado pueda desaparecer en la práctica de uno de los territorios que lo conforman, como ha ocurrido en Cataluña con las funestas consecuencias que estamos viendo, y la que garantice la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles. Es decir, justo lo contrario de lo que están planteando todos los que reclaman una reforma. En esas circunstancias, no hay duda de que lo más sensato es salvaguardar nuestra imperfecta Constitución y aplazar la mudanza a tiempos mejores.