Cataluña: el cinismo que no cesa


Desde 1977 se han celebrado en España ¡192 elecciones!: siete europeas, 13 generales, 162 autonómicas y diez municipales. Si a todas ellas añadimos diez referendos la suma es realmente impresionante: en cuatro décadas han tenido lugar en nuestro país 202 procesos electorales, es decir, una media de 5 cada 12 meses. Salvo en los años 2002 y 2013 hemos sido llamados a las urnas en todos y cada uno de los transcurridos entre 1977 y 2017. Por eso la patraña nacionalista y podemita de que España no es una verdadera democracia porque en ella ¡no se puede votar! es solo eso: una patraña. Además, claro, de una soberana estupidez.

De igual modo debe calificarse el intento nacionalista y podemita de invertir los términos sobre la evidente excepcionalidad de las elecciones que van a celebrarse en Cataluña, con la obvia intención de seguir engañando a todo el mundo todo el tiempo. Porque, aunque, en efecto, las del día 21 van a ser las únicas desde 1977 cuyo marco político global nada tiene de normal, ello no es ni de lejos consecuencia de lo que afirman Oriol Junqueras, Marta Rovira, Pablo Iglesias o Ada Colau, con el apoyo, entre otros, en Galicia, de En Marea y BNG.

Según la estrafalaria forma de razonar que muestran todos ellos, no es normal que en una democracia los candidatos electorales sean presos políticos o exiliados. Solo con una infinita desvergüenza (que ofende gravemente a los miles de españoles que sufrieron bajo el franquismo la cárcel o el exilio) puede atribuirse tal condición en un Estado de derecho a personas que están o han estado preventivamente encarceladas por orden judicial tras la presunta comisión de gravísimos delitos (desobediencia, prevaricación, malversación, sedición y rebelión) o que, presuntos responsables de ellos, han huido de la acción de la justicia.

Lo verdaderamente anormal de la campaña electoral que empezó ayer mismo no es que Oriol Junqueras o Carles Puigdemont no puedan participar en ella con la misma normalidad con que lo han hecho durante cuarenta años cientos de miles de candidatos, sino que los mismos partidos que han defendido como cuestión de principios (¡que se lo digan al exalcalde de Lugo José López Orozco!, por ejemplo) que los imputados penalmente, aunque sea por asuntos de escasa relevancia, están políticamente incapacitados para ocupar un cargo público, no apliquen esa misma regla a quienes están hoy imputados por delitos gravísimos que han provocado una crisis política y constitucional sin precedentes en España.

Y lo verdaderamente anormal, tanto que pone los pelos como escarpias, es que partidos que gobiernan actualmente en ayuntamientos y comunidades autónomas y aspiran a hacerlo en el Estado desprecien de un modo tan impúdico las reglas básicas de cualquier sistema constitucional: la independencia judicial, el imperio de la ley y el sometimiento a ella y a la Constitución de ciudadanos y poderes públicos. Al parecer, eso no corre con según qué personas, ideas o partidos. ¡Que Dios nos libre de los unos y las otras!

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