Aterrizo en Vigo luego de un viaje al norte. La intensidad de la tragedia de los montes se observa al sobrevolar la ruta del Miño hasta Arcade y Redondela. Los incendios no son novedad. Sí su intensidad y amplitud. Por más que a lo largo de los últimos treinta años se haya desarrollado una muy importante industria del fuego, con decenas de millones de euros anuales para alimentarla. Tampoco son novedad las deficiencias en las políticas forestales, ni en la ordenación territorial, ni en el incumplimiento de normas y leyes.
Todo ello configura, junto con el abandono y la despoblación de grandes áreas del rural, un marco natural y socioeconómico que con el paso de los años se deteriora.
Y por supuesto no es novedad la discusión sobre pinos y eucaliptos frente a las frondosas, ni la política de protección del lobo o del oso, ni la bondad o maldad, siempre extrema por demás, de las industrias forestales. Tampoco encuentro novedad en el último debate parlamentario a raíz de la comparecencia de Feijoo sobre los incendios de octubre.
Debate semejante a los que se produjeron en septiembre de 2006, la otra gran catástrofe incendiaria, con la particularidad de que los papeles desempeñados por los políticos se intercambiaron. Más allá de que Alberto Núñez Feijoo, deudor de sus análisis primeros, haya acudido a una retórica, ahora menos enfatizada, del terrorismo incendiario.
Sí es novedoso que el presidente Feijoo haya corregido lo mantenido en septiembre de 2006 cuando culpaba de los incendios al gobierno de Touriño y rechazaba una comisión de estudio, porque su propuesta era una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas, con aquel «Si no podemos hablar en el Parlamento, lo haremos en la calle».
Sorprenden también las 30 medidas propuestas ahora en el Parlamento por Núñez Feijoo, que indican un cambio de encuadre. En primer lugar porque atienden más a la prevención y gestión del rural, de los montes y de la política forestal, que a la propia política contra incendios tan hegemónica en lo practicado hasta ahora.
Hablar de territorio, de economía rural, de política forestal y de gestión de los montes significa al fin cambiar la perspectiva respecto de la política tradicional de lucha contra el fuego.
La propuesta de una comisión de análisis en el Parlamento abre una vía para la búsqueda de consensos con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo sobre política forestal, ordenación de la economía rural, explotación de los montes y estrategias de lucha contra incendios.
Y en este sentido no estaría de más atender el modus operativo, la composición y los objetivos de la Comissão Técnica Independente de Portugal con motivo de los grandes incendios de junio pasado, diseñando una comisión de análisis que atienda las singularidades y los objetivos de consenso que el propio Parlamento de Galicia, no la mayoría, decida.
Para que no sea siempre tocar la misma pieza más cargada de bombo.