Comienza agosto con el anuncio del cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Estamos hablando de una central que, a pesar de su obsolescencia, es segura y rentable. Su obsolescencia significa que los diseños actuales son, evidentemente, más seguros, más fiables y más rentables, pero su nivel de seguridad había quedado demostrado según los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, revisados tras las pruebas de estrés impuestas por los organismos internacionales como consecuencia de los accidentes ocurridos en Fukushima a consecuencia de un trágico tsunami. En estas circunstancias, la central era rentable. ¿Por qué pues cerrarla ahora? No hace falta insistir en que el suministro de energía eléctrica es un factor clave del desarrollo social y todos los argumentos basados en datos fiables recomiendan una mezcla energética en la que la producción de electricidad mediante reactores nucleares ronde entre un 20 y un 30 %, junto con un desarrollo de las fuentes eólicas y solares. Las centrales nucleares españolas necesitan, pues, una renovación con la vista puesta en un cierto incremento de su peso actual. Por otra parte, es conocido que necesitan una madurada programación y tienen un coste financiero importante. No vale meter la cabeza por debajo del ala: la programación del sector eléctrico español es urgente, pero la clase política se marca metas cortoplacistas muy dependientes de la expectativa de voto y no acaba de presentar a la opinión pública un plan meditado, razonado y responsable. Todo hace sospechar que, una vez más, en el marco de una política energética basada en subvenciones e indemnizaciones no siempre justificadas los intereses particulares de un sector empresarial han movido al Gobierno a adoptar una decisión contraria al interés general.