¿Mandatos democráticos?

Uxio Labarta
Uxío Labarta CODEX FLORIAE

OPINIÓN

25 may 2017 . Actualizado a las 09:39 h.

En los tiempos en los que la transversalidad en política se tenía por virtud, el diálogo y los pactos en convenientes para bien gobernar, y los nacionalismos -periféricos o centrales- una obvia realidad española, asistimos a sucesivos acuerdos en política territorial e incluso de gobierno donde nadie pretendió destripar un mandato democrático. Los atentados del 11M alteraron sustancialmente las relaciones políticas y a partir del 2004 los soportes del sistema, PP y PSOE, fueron paulatinamente enfrentándose. Sea ello el terrorismo etarra, el Estatuto catalán, la memoria histórica, los avances civiles, o la respuesta a la gran recesión. Luego vino la crisis económica, el 15 de mayo, la corrupción dejada de perfil por los responsables, y la deriva soberanista de Convergència i Unió en manos de un Artur Mas sin futuro, que acabó por convertirse en un grave problema de Estado, y dada la actitud del bloque soberanista de CiU, Esquerra y la CUP en el poder, en un problema de derechos y democracia. 

En esto llevamos siete años, desde la infausta sentencia del Constitucional sobre un Estatuto plebiscitado, sin que por parte del Gobierno central y de las Cortes españolas se haya avanzado en buscar una solución.

Para quienes ejercen el poder los principios son flexibles, cuanto más si se refieren a cuestiones territoriales, de estructura del Estado o esencias patrias, pero la gravedad se evidencia cuando se conculcan derechos democráticos, individuales o colectivos, y a esta situación parece haber llegado la Generalitat de Cataluña, y los grupos soberanistas que la soportan, cuando se afanan en prescindir del reclamado referendo, señuelo publicitario e ideológico de un argumentario sobre el cuestionable «derecho a decidir», y deciden avanzar con desprecio de leyes y principios democráticos hacia la declaración unilateral de independencia. Sirviéndose para ello de triquiñuelas reglamentistas sobre los derechos de los parlamentarios y esgrimiendo la mayoría del Parlamento para que pase un camello antidemocrático por el ojo de la aguja de la democracia.

Visto el borrador de la ley de transitoriedad política de Junts pel Sí y la CUP, uno entiende que necesiten silenciar a los parlamentarios y a la oposición. Porque lo que asoma y explicita esa ley necesita del autoritarismo y el silencio. Silenciar a ciudadanos, sociedad civil, medios de comunicación u otros poderes del Estado o la Unión Europea. El problema estriba en los procedimientos de esa ley y en lo que estos suponen, al conculcar las ideas y compromisos con la democracia, utilizándola para alterar las reglas del juego y usar el poder otorgado en las urnas para someter a los otros.

Nada diferente en los soberanistas a otros movimientos apoyados en nacionalismos conservadores de deriva antidemocrática, como lo visto en la Hungría de Orban, la Turquía de Erdogan de ahora, o la Polonia de los gemelos Kaczynski. Por más que el problema político catalán exista y necesite de negociación y soluciones.