Existe una ley física según la cual un cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento, a no ser que actúe sobre él una fuerza adecuada, cuyos efectos son inversamente proporcionales a su masa. Es la conocida ley de la inercia. Lo curioso es que los comportamientos sociales parecen seguir las leyes de la física: tienden a conservarse, siguiendo la ley de la inercia, a no ser que alguna fuerza impulse el cambio, que, en todo caso, será lento, al verse afectada la gran masa social.
El desarrollo socioeconómico del país exige poner la vista en objetivos muy importantes, cuya consecución conlleva cambios en la conducta social: cambios en el modo de pensar, en los criterios de actuación y en las actitudes. La crisis demográfica, la igualdad de género, la calidad de la educación, el cambio a un sistema productivo basado en el conocimiento, son ejemplos de casos que demandan objetivos de este tipo. Todos ellos suponen cambios de actitud en la sociedad. Pero la conducta social, siguiendo la ley de la inercia, tiende a permanecer y en todo caso su cambio es lento. Por tanto, dichos objetivos se han de plantear a largo plazo.
Los Gobiernos, a los que corresponde liderar este tipo de reformas, todos, sean del signo que sean, quieren, lógicamente, recoger los resultados de sus políticas, de su gestión y sobre todo de sus inversiones, para presentarlos como éxitos con fines electorales. Lo que sucede es que las inversiones a corto plazo, aquellas cuyos resultados se pueden lograr en una legislatura, son más atractivas y aparentemente más rentables en este sentido. Por ello, siguiendo esta visión miope de la política, se instala una cierta tendencia al cortoplacismo, sobre todo a la hora de invertir.
De acuerdo con la ley de la inercia, la consecución de este tipo de objetivos requiere políticas activas intensas, que a modo de fuerzas sean capaces de inducir el cambio en la gran masa social, y además perseverancia de actuación en un largo período de tiempo. Es la dinámica social.
Las actuaciones a largo plazo presuponen un gran sentido de Estado que permita anteponer el interés general al interés electoral de los partidos. Bueno sería que nuestra sociedad fuese madurando para ver y valorar este tipo de actitudes como corresponde. En todo caso, estos grandes temas debieran retirarse de la lucha partidista y ser objeto de pactos de estado, que garanticen la necesaria continuidad de actuación. Así, los partidos demostrarían con hechos que eso de «estar al servicio de los ciudadanos» no es un simple eslogan, sino una realidad. De ese modo, para el bien de todos, el país progresaría y ellos tendrían una credibilidad de la que hoy carecen.