Liberalizar es normalizar


Profesor de Análisis Económico de la Universidade da Coruña

En España, la palabra liberalización suena grotesca ¿Liberalizar? ¡Por Dios! Y en parte es lógico, porque en todo proceso de apertura hay siempre un afectado, el que pierde la posición de privilegio, y ese suele dejarse la vida en la defensa de sus intereses. Nada tiene que perder. En estos momentos, estamos ante un nuevo proceso liberalizador, quizás unos de los más importantes de los últimos años y que con toda seguridad centrará nuestra vida económica. Y lo primero que llama la atención es que no se realiza por iniciativa del Gobierno de España, sino a instancias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si por el ministerio fuera, todo quedaría igual. Que España tendría unas dosis menores de competitividad, qué más da. Todo sea por no asumir el conflicto social que supone modernizar este país.   

Se mire como se mire, parece un anacronismo que las empresas estibadoras deban contratar a sus trabajadores a través de empresas de gestión de personal, en cuyo capital están obligadas a participar. Es como si mañana alguien, por ejemplo, para contratar a un arquitecto tuviera que solicitarlo sí o sí al Colegio de Arquitectos, y este, adicionalmente tuviese el privilegio de cerrar las puertas de entrada a nuevos colegiados ¿Se imagina algo así? No, ¿verdad? ¿Y por qué no ocurre? Porque una gran mayoría, de un modo o de otro, utilizamos los servicios de un arquitecto y no permitiríamos que ellos elevasen artificialmente sus salarios a nuestra costa. Adicionalmente todos también desearíamos tener el derecho, si sentimos vocación por ello, de ejercer esa profesión, por tanto, entenderíamos como descabellado que el ejercicio de la misma estuviera en manos de dos personas.

El caso de los estibadores es muy similar, con una salvedad, no nos sentimos afectados porque el sobrecoste de este monopolio recae sobre las mercancías en descarga y nos resulta imposible calcular cuánto destinamos cada día al mantenimiento de unos privilegios sin equivalencia en otra profesión.

La Administración, defensora, que no se olvide, de esta situación, se justificó, argumentando, por un lado, que el servicio portuario de manipulación de mercancías constituye un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público, cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio, y por otro, para garantizar la protección de los trabajadores. Es evidente que en España hay muchos más servicios de interés general que la estiba, y desde luego el celo en la protección de los trabajadores ha der ser una preocupación universal y no particular. Toca normalizar, liberalizar.

Por Venancio Salcines Profesor de Análisis Económico de la Universidade da Coruña

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