Las turbulencias que vienen acusando las tradicionales instituciones representativas de nuestro empresariado (CEOE, CEG, Consejo Español de la Competitividad, etcétera) podrían tener no poco que ver con el hecho de que sus relaciones con los poderes públicos, en un capitalismo posindustrial global, ya no se mantienen a través de tales asociaciones, sino a través de las empresas más grandes.
Es una hipótesis que tomo de Colin Crouch, prestigioso sociólogo inglés, en su libro Posdemocracia, donde vincula estas crecientes influencias con la caída de la democracia en manos de grupos de presión que buscan sus propios intereses.
Se trata de un modelo elitista y ordoliberal basado en presuntas reglas automáticas que impondría la mano invisible del mercado. Según Colin Crouch, «si los dueños de una empresa multinacional no encuentran un régimen fiscal o laboral favorable a sus intereses en un determinado país, amenazarán con trasladarse a otro; por tanto, tienen mayor acceso a los gobiernos y mayor capacidad de influencia en las políticas públicas que los ciudadanos de a pie».
Merece la pena transcribir su razonamiento, de hace más de una década, para el caso del impuesto de sociedades al hilo del actual Reino Unido del brexit, o de los Estados Unidos de Trump: «Las empresas pueden exigir que se reduzcan los impuestos que gravan sus beneficios si se desea que sigan invirtiendo en un determinado país; dado que los Estados suelen acceder a sus peticiones, la carga fiscal se traslada paulatinamente de las empresas a los contribuyentes individuales; los partidos mayoritarios reaccionan ante ello planteando las elecciones generales como si fueran subastas de recortes impositivos; como estaba previsto, los votantes eligen al partido que propone los mayores recortes, solo para descubrir unos años después que sus servicios públicos se han deteriorado enormemente; pero fueron ellos los que votaron tales medidas, y por tanto el resultado posee legitimidad democrática».
Fue así cómo la política económica pasó a ser única e inevitable, gobierne quien gobierne. Porque quienes nos gobiernan son las élites financieras corporativas globales (de J. P. Morgan a Goldman Sachs).
Por eso, valga de ejemplo, a comienzos de este año Larry Fink, presidente de la gigantesca gestora de fondos de inversión Blackrock, envió una carta a los consejeros delegados de las principales empresas del mundo de las que es prestamista, para recordarles su obligación de maximizar sus beneficios y la reinversión de los mismos.
Beneficios que, sobra decirlo, no conjugan bien con marcos -laborales o fiscales- poco atractivos para estos inversores. La carta habrá llegado a importantes empresas de nuestro Ibex 35, que sin duda habrán tomado nota en su agenda para sus próximos contactos con dirigentes políticos. Se cierra el círculo, se sabe quién manda; sin asociaciones trasnochadas de capitalistas autóctonos.