El juicio que se sigue contra Artur Mas y dos de sus consejeras por los delitos de desobediencia y prevaricación, presuntamente cometidos al haber organizado un referendo secesionista prohibido por el Tribunal Constitucional expresamente, exige ya, sin dilación, hacerse una pregunta sobre el pasado, indispensable para un cabal entendimiento del presente y el futuro: ¿Cuánto ha sufrido este país a consecuencia de la constante extorsión nacionalista?
Y no me refiero ahora al terrorismo de ETA y las otras bandas criminales, que en Galicia o Cataluña cometieron sus atrocidades agazapados tras la bandera del nacionalismo independentista, aunque tal haya sido, sin duda, la manifestación más trágica y brutal de esa extorsión, vista con simpatía durante años por tantos que hoy se irritan si se les recuerda su actitud ignominiosa.
No, no hablo de la extorsión criminal, sino de aquella a la que, sin más violencia que en ocasiones la verbal, nos han sometido los partidos nacionalistas desde que la democracia se asentó. Hablo de la guerra de las banderas, destinada a evitar que la nacional ondease, como acontece en todo el mundo, en muchas instituciones oficiales. Hablo de un conflicto lingüístico creado y azuzado por los que no tienen más horizonte que expulsar a la lengua común de sus respectivos territorios. Hablo de la voracidad insaciable de los partidos nacionalistas por engordar con competencias e instituciones sin fin a sus comunidades, para debilitar así a un Estado considerado siempre el enemigo. Hablo de la imposibilidad de asentar un sistema de financiación autonómica estable por efecto de la falsía del nacionalismo. Hablo de la búsqueda incansable de agravios, de la reinvención de la historia, de la manipulación de los datos, de la impugnación de todo lo que nos une y el impulso a todo lo que podría separarnos. Hablo, en suma, de la permanente y exasperante deslealtad nacionalista hacia el proyecto de una España unida, plural y solidaria.
¿Cómo medir en coste económico, político y social todo lo ocurrido en el País Vasco y el resto de España tras la locura del Plan Ibarretxe? ¿Qué precio inmenso habrá de pagar Cataluña y España entera como consecuencia del delirio secesionista que tiene hoy al país en vilo y al borde mismo del abismo? ¿Quién repondrá la convivencia destrozada? ¿Quién restaurará la verdad tras tantos años de patrañas? ¿Quien resecará el pozo del odio que unos pocos han instalado entre amigos, familias y compañeros de trabajo?
Mas, Rigau y Ortega están siendo juzgados con todas las garantías por haber, presuntamente, delinquido. Así de sencillo. Ocurre todos los días en los modernos Estados de derecho. Muy pocos, sin embargo, han tenido que soportar una presión centrífuga y desleal siquiera comparable a la de los nacionalismos en España. Eso es lo que nos distingue de la mejor Europa democrática y no el hecho obvio de que quien es presunto culpable de un delito sea juzgado con arreglo a la ley por un tribunal independiente.